La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, demanda una reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derecho fundamental a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. El objetivo de esta reforma es que estos derechos se protejan, defiendan y promocionen para lograr así un verdadero estado social.

Como ha explicado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “es necesario avanzar en el fomento de los derechos sociales y en el desarrollo de normativas y cambios legislativos que aseguren su garantía”. Lo que se plantea es que “los derechos sociales queden configurados con el carácter de derechos fundamentales, como derechos subjetivos, suficientes, vinculantes y exigibles, con mecanismos plenos de protección y tutela, incluida la judicial”, ha aclarado Poyato. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector también participará mañana en el acto de recepción con motivo del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.

Esta reforma sería fundamental para lograr avances claros en los derechos de toda la ciudadanía, pero especialmente para las personas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. Para ello, la Plataforma del Tercer Sector aspira a un consenso político que permita avanzar en la citada reforma social de la Constitución y hace un llamamiento a todos los grupos políticos.

Esta petición ya aparecía en el manifiesto lanzado por la plataforma el pasado 9 de octubre con motivo del Día Nacional del Tercer Sector, donde se señalaba que “los derechos sociales, en particular, no deben ser solo conceptos, sino piedras angulares de un estado social robusto y comprometido”.

Asimismo, con motivo del 45º aniversario de la Constitución Española, la Plataforma del Tercer Sector solicita la modificación de su artículo 49, tanto en su contenido como en su ubicación, para desterrar el término “disminuido”, que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad, y actualizar su enfoque al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, además, demanda que el texto reconozca el voluntariado como ejercicio básico de participación ciudadana.