La Plataforma del Tercer Sector que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, reclama que el nuevo Gobierno desarrolle y materialice un programa dirigido a garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y a luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Como ha señalado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “esperamos que este Gobierno desarrolle un intenso paquete de políticas sociales y de inclusión y que tenga en cuenta y facilite la participación del Tercer Sector como interlocutor fundamental”. “Es primordial que las políticas y derechos sociales cuenten con un ministerio propio que refleje la importancia de estas cuestiones y que impulse la colaboración y cooperación con el Tercer Sector”, ha subrayado. 

La Plataforma del Tercer Sector reconoce que el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar tiene cierto carácter social e incluye muchas de sus propuestas, sin embargo, hay otras cuestiones de gran relevancia para el sector que no se han incorporado. “Nuestro objetivo es que el nuevo Gobierno profundice lo máximo posible esas medidas sociales, además de trabajar para que se incluyan otras que no se han tenido en cuenta”, ha asegurado Luciano Poyato.

De forma concreta, la Plataforma del Tercer Sector demanda al nuevo Gobierno una reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derechos fundamentales a los derechos sociales y específicamente, la modificación del artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, para actualizarlo conforme a una visión exigente de derechos humanos. Además, la Plataforma del Tercer Sector propone aumentar del 0,7 al 1 % la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales, ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, reducir la pobreza energética y mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital. En materia de salud, apuesta por garantizar el acceso universal y gratuito a la atención especializada por psicólogos y psiquiatras para toda la ciudadanía.  

La plataforma también solicita una regularización para reconocer los derechos de las personas que se encuentran en nuestro país en situación administrativa irregular, aumentar el presupuesto destinado a las políticas de Cooperación al Desarrollo y la aprobación de una Estrategia Estatal de Voluntariado.

Asimismo, reclama que leyes y decretos fundamentales y de gran importancia que no se aprobaron en la pasada legislatura, como la Ley Integral de Protección a las Familias, la Ley de Servicios Sociales o los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y de la Ley de Voluntariado, sean impulsados por el nuevo Gobierno.