La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha presentado sus propuestas para mejorar la Ley por el derecho a la vivienda. El objetivo es que la nueva norma consiga garantizar y promover, de forma real y efectiva, el derecho a una vivienda digna y adecuada y ponga fin a las situaciones de exclusión residencial y vulneraciones de este derecho.

Estas demandas han sido trasladadas al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este encuentro, el presidente de la PTS, Luciano Poyato, ha pedido a David Lucas que se tenga en cuenta la opinión y experiencia de las entidades sociales.

La Plataforma del Tercer Sector pretende que la Ley por el derecho a la vivienda incluya la adopción de medidas encaminadas a identificar y solucionar las situaciones de exclusión residencial, infravivienda y emergencia habitacional. Además, solicita que se prioricen las actuaciones para garantizar una vivienda adecuada, digna e inclusiva para las personas en situación de mayor vulnerabilidad social y en emergencia habitacional. En este sentido, celebran la inclusión de la vivienda social como una necesidad de emergencia, pero reclaman que se incluya también a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Como ha señalado el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, Carlos Susías, “es necesario que se garantice la igualdad y no discriminación en todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”. 

De forma específica, la PTS incide en la necesidad de que la norma incluya instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan. Asimismo, demanda que la norma haga referencia expresa al derecho a que las viviendas tengan garantizado el acceso a los suministros de electricidad, agua y gas, en condiciones de seguridad, regulándose la prohibición del corte de dichos suministros por impago a aquellas personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, la PTS ha mostrado su preocupación por que la vivienda perteneciente al parque público pueda ser gestionada por entidades privadas que tengan entre sus fines otros que no sean el de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada y solicita que se mantenga la titularidad en manos de las Administraciones Públicas. “El mayor garante de los derechos de los ciudadanos es, y debe seguir siendo, el Estado”, ha añadido Luciano Poyato.

A partir de ahora, y coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la norma, la Plataforma del Tercer Sector va a continuar con su labor de incidencia en esta materia. Así, ha elaborado una serie de enmiendas que también han sido remitidas a los grupos parlamentarios con el objetivo de que la ley incluya sus demandas y consideraciones.