La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, celebra la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero reclama mejoras y políticas públicas imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda en España.

La Plataforma del Tercer Sector reconoce que esta norma supone un impulso a las políticas públicas de vivienda y espera que pueda contribuir a ampliar, en el medio plazo, el parque de vivienda social y asequible y a reducir la exclusión residencial. Sin embargo, asegura que es necesario complementarla con una estrategia más amplia y ambiciosa de políticas públicas basadas en el derecho humano a la vivienda. “Es preciso adoptar de forma urgente medidas encaminadas a identificar y solucionar las situaciones de exclusión residencial, infravivienda y emergencia habitacional”, ha asegurado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.

La Plataforma del Tercer Sector define y defiende la vivienda como un derecho humano indispensabley cree que la nueva ley es una oportunidad para asegurar la función social de la vivienda en todo el territorio, en coordinación con las competencias de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Cabe destacar que el texto incorpora propuestas defendidas por la Plataforma del Tercer Sector entre las que destacan las dirigidas a las personas en situación más vulnerable o con más dificultades para disfrutar del acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible. Así, por ejemplo, se ha incluido la definición de vivienda de emergencia dentro de la cartera de prestaciones básicas o la definición de sinhogarismo, para evitar la inseguridad jurídica y asegurar un acceso a las políticas públicas basado en el derecho humano a una vivienda adecuada.

Sin embargo, la Plataforma del Tercer Sector destaca que continúa existiendo un enfoque insuficiente ya que la norma no incorpora el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, como ha señalado Luis Cayo Pérez, vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la PTS, “la Ley presenta una carencia grave, al no incluir la reivindicación de reformar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para garantizar la accesibilidad universal en los elementos comunes de las viviendas ya que el 70 % de los inmuebles de España de propiedad horizontal son inaccesibles”. Una omisión que perpetúa que 100.000 personas con discapacidad y mayores, con problemas de movilidad, sigan estando presas en sus viviendas por carecer de condiciones de accesibilidad sus edificios (ascensores, elevadores, rampas, etc.) para el ingreso y salida de sus viviendas. La PTS exige al Gobierno y al Parlamento que promuevan la reforma de la LPH en otra iniciativa legislativa en lo que queda de Legislatura.

En materia de vivienda, la PTS también propone ampliar el parque público de viviendas promovida por operadores privados sin ánimo de lucro y garantizar la reserva de suelo público que impida la situación actual de casi inexistencia de vivienda pública disponible.