Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha recordado la importancia de desarrollar el Pilar Europeo de Derechos Sociales 2019-2022 y unir fuerzas en torno al nuevo compromiso social europeo.

“Es la hora de crear alianzas y convertir la agenda de Gotemburgo en un programa político real y efectivo en el que se ponga en el centro las personas y la promoción de los derechos sociales”, ha asegurado Elena Rodríguez, directora de la PTS.

Rodríguez ha participado hoy en una mesa redonda organizada por COCETA y CECOP, acompañada de representantes de OIT, CESE, CEPES y la dirección general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE, destacando que “los derechos y principios del Pilar son una responsabilidad conjunta de los Estados miembro, las instituciones de la Unión Europea y los interlocutores sociales a todos los niveles”. Además, ha subrayado el papel que han de asumir las autoridades públicas para poder hacer realidad los principios y derechos contenidos en el mismo.

La directora de la PTS ha señalado que la promoción de derechos sociales es una necesidad que debe atender una situación social gravemente lastrada durante la crisis. “En Europa 118 millones de personas, el 25% de la población, viven en situación de pobreza y exclusión social, de los cuales 22 millones son niños. Además, más del 9% son trabajadores pobres. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el cual es un compromiso real y una oportunidad”, ha señalado.

Sobre el Pilar, Rodríguez ha añadido: “Es una condición imprescindible para el crecimiento económico y social de los Estados miembro en el que el desarrollo y promoción de la Economía Social es fundamental para el nuevo crecimiento”.

Ambos sectores han coincidido en que se debe reforzar la participación de las entidades sociales y la Economía Social en la gobernanza del Pilar de acuerdo a la experiencia que pueden aportar, su capacidad analítica en el seguimiento del cuadro de indicadores, en la posibilidad de llevar los nuevos principios y derechos al ámbito autonómico y local y, fundamentalmente, por la capacidad de incidencia social y política ante la sociedad, instituciones públicas y formaciones políticas.