La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a 28.000 entidades sociales, se une a la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para solicitar a los grupos políticos que ciñan el proceso de reforma constitucional en curso, única y exclusivamente, al artículo 49, referido a las personas con discapacidad. Solicitan que se abandone cualquier otra pretensión para la que no existe el consenso mínimo y que puede frustrar la legítima demanda del sector de la discapacidad de que la Carta Magna sea respetuosa, promueva y proteja los derechos de este grupo social.

La Plataforma del Tercer Sector reitera así su apoyo al movimiento social de la discapacidad que lleva defendiendo esta reforma, que cuenta con un amplio respaldo social y político, durante casi dos décadas. Junto al CERMI, la Plataforma del Tercer Sector apela a la responsabilidad de los grupos políticos del Parlamento para centrar sus esfuerzos únicamente en llegar a un amplio acuerdo para modificar el artículo 49, a fin de saldar constitucionalmente una deuda con más del 10 por ciento de la población española.

Ambas organizaciones afirman que plantear otras cuestiones, que nada tienen que ver con las personas con discapacidad al hilo de esta reforma, pone en riesgo el objetivo de retirar del texto constitucional la expresión hiriente “disminuido” y sustituirla por la de “personas con discapacidad”, así como reformular el artículo en clave del nuevo paradigma de derechos humanos de entender esta realidad exigido por la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

Por último, desde la Plataforma del Tercer Sector se exige respeto para un debate y procedimiento de reforma que desde el inicio está centrado solamente en las personas con discapacidad. Un debate que no debe mezclarse con otros que son una amenaza para que esta primera reforma social de la Constitución culmine definitivamente, tras tantos años de espera.