La Plataforma del Tercer Sector (PTS) se ha reunido hoy con la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, acompañada por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima; el  director general de Servicios para las Familias y la Infancia, Ángel Parreño; y el director general de  Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada. Durante el encuentro, la Plataforma le ha trasladado a Carcedo la necesidad de desarrollar urgentemente la nueva asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de Sociedades, así como de constituir e impulsar un grupo de trabajo en el que estén presentes los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el de Hacienda, además de la Plataforma del Tercer Sector.

La PTS ha hecho un diagnóstico de la situación social que atraviesa actualmente el país, caracterizada por el aumento de la desigualdad y las altas tasas de pobreza y/o exclusión, y de la realidad del Tercer Sector, mermado como consecuencia de los años de crisis y la reducción de recursos. Para la Plataforma, dichas circunstancias hacen más necesaria que nunca la colaboración con la Administración Pública y el apoyo a determinadas políticas de fomento de las entidades de acción social.

Agenda social del Tercer Sector

En estos términos, la PTS ha puesto en conocimiento de la ministra las prioridades de la agenda social del Tercer Sector, entre las que se encuentra la necesidad de incidir en una reforma social de la Constitución que reconozca los derechos sociales como derechos fundamentales.

Además, se ha  incidido en la necesidad de desarrollar los reglamentos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, entre los que destacan la aprobación del Programa de Impulso a las entidades sociales, la formalización del inventario del Tercer Sector o el desarrollo del reglamento de entidades colaboradoras con la Administración General del Estado.

Por otra parte, la Plataforma ha pedido al Ministerio compromiso hacia la ratificación de la Carta Social Europea y la activación de la Comisión Interministerial que permita la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

En materia de financiación -y puesto que están en trámite la convocatoria estatal y las autonómicas de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF- se ha incidido en la necesidad de no perder de vista el modelo mantenido durante treinta años y el sentido y finalidad de estas subvenciones, dirigidas exclusivamente a las personas en situación de vulnerabilidad. “Es un riesgo -se subraya desde la PTS- que se pierda el objetivo por el que se creó este sistema y que la atomización de las subvenciones termine haciéndolo ineficaz socialmente”.

Carcedo, que ha manifestado grandes coincidencias con la agenda social de la Plataforma, se ha comprometido a constituir grupos de trabajo específicos para potenciar el desarrollo de las cuestiones planteadas. Como consecuencia de la urgencia manifestada por ambas partes, el primero de ellos se creará en relación al desarrollo de la asignación tributaria del 0,7% destinada a fines sociales del Impuesto de Sociedades.