Las personas mayores no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás, lo que afecta a multitud de aspectos de sus vidas y a su dignidad. El edadismo, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas en función de su edad, está presente a todos los ámbitos de la sociedad y en muchos ámbitos de la cotidianidad de las personas mayores. Entre las consecuencias de esta discriminación específica, nos encontramos desde la exclusión en el espacio público, hasta la limitación de su autonomía o el maltrato o abuso hacia las personas mayores.

Asimismo, el edadismo, como cualquier otro tipo de discriminación, no puede ser analizado como un fenómeno aislado y unidimensional. Desafortunadamente, muchas personas son víctimas de una discriminación múltiple, que superpone la discriminación por edad a otras situaciones de discriminación y vulnerabilidad. En concreto, creemos que es de especial trascendencia destacar el caso de las mujeres mayores, que representan el grupo social en mayor riesgo de exclusión, especialmente si se asocia la edad a factores como la discapacidad, la inmigración o la pobreza.

La vulneración de los derechos de las personas mayores se produce en todos los ámbitos sociales: en el empleo, en la educación, en la participación social y política, en el acceso y promoción de la salud, en el acceso a la justicia y en el ámbito de la protección social y los cuidados, donde hemos podido ver tras la pandemia la debilidad de los sistemas y servicios públicos y privados de atención a los cuidados. Seguimos teniendo una deuda moral con todas las personas mayores que fallecieron durante la pandemia sin recibir la atención sanitaria adecuada.

Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores celebramos algunos avances de los últimos años y agradecemos el interés de los poderes públicos por nuestras reivindicaciones. Agradecemos la aprobación de la Ley integral 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, donde se hace una referencia explícita, por primera vez en nuestro derecho interno, a la discriminación por razón de edad.

En febrero de este año, también presenciamos la aprobación del Informe de la Ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España por parte del Senado. Gracias a este informe, se pusieron de relieve la necesidad de creación de un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores, la elaboración de una estrategia nacional sobre la soledad no deseada y se abordó de forma específica el derecho de las personas mayores a una vida independiente y la necesidad de crear espacios amigables e inclusivos para las personas mayores, entre otras. Esperamos a partir de aquí que se cumplan todas cuestiones planteadas en estas recomendaciones.

También ha sido positivo el Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas del pasado 28 de junio, publicada mediante una Resolución del 28 de julio de 2022. Este Acuerdo mejorará los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia y supone un avance sobre la situación actual del modelo de residencias y servicios de atención a personas mayores. Esperamos que estos cambios sean rápidos ya que la gravedad de los problemas y carencias detectadas en las residencias no pueden esperar más tiempo.

A nivel internacional, también a lo largo de este año, hemos contemplado como diversos organismos de las Naciones Unidas han apostado por el carácter urgente de la creación de una Convención específica sobre los derechos humanos de las personas mayores. En concreto, cabe destacar el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se pone de manifiesto y reconoce que “el marco internacional actual proporciona una cobertura fragmentada e incoherente de los derechos humanos de las personas con edad (…) y que es necesario proceder sin demora a formular un marco coherente, amplio e integrado en lo que respecta a los derechos humanos de esas personas”.

En ese mismo sentido destaca el posicionamiento de Naciones Unidas en diferentes foros donde se reitera la necesidad de la Convención como instrumento jurídico vinculante, carácter que no tiene el vigente Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de múltiples partes interesadas sobre los derechos humanos de las personas mayores del pasado mes de agosto, el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento y la Conferencia Ministerial de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) sobre envejecimiento, en el contexto de las reuniones del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento (MIPAA +20).

Teniendo en cuenta todo esto y que las personas mayores representan ya casi el 25% de la población de nuestro país y es el grupo de población que más va a crecer en el próximo año, creemos necesario y urgente que se apruebe una Convención de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos hacia las personas mayores, ahora y en el futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en todas las acciones.

Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores (formada por más de 20 entidades del tercer sector), creemos que es absolutamente indispensable que el gobierno de España adquiera consciencia de las lagunas normativas existentes respecto a la protección de derechos de personas mayores. La creación de un instrumento jurídico vinculante como la Convención, supondría un gran avance en la defensa de derechos de este colectivo y en la lucha contra el edadismo.

La Unión Europea y sus Estados miembros han demostrado ser líderes mundiales en la defensa de los derechos humanos y apoyar la creación de una convención sobre los derechos de las personas mayores, demostraría que el respeto de los derechos de todas las personas continúa siendo una prioridad y una seña de identidad del proyecto común europeo.

Solicitamos a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, a todos los grupos parlamentarios, que apoye la celebración de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores y que se inste al Gobierno a formar parte activa del Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas en relación a dicha Convención; y con motivo del Dia Internacional de las personas mayores (oficialmente se denomina Dia Internacional de las Personas de Edad), que celebramos el 1 de octubre, España se sume a ese movimiento global que defiende y reivindica este nuevo instrumento internacional de protección de derechos humanos, que cada día se demuestra que es más necesario.

Madrid, 25 de septiembre de 2022.