La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha celebrado que las entidades sociales sean consideradas como colaboradoras de la Administración General del Estado para poder acreditar y reconocer la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que aprobó el Gobierno a finales del año 2020.

La propia PTS mantuvo una reunión con la vicepresidenta para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, para abordar la necesidad de regular el concepto de vulnerabilidad y poner solución a la pobreza existente en esta materia. De la misma manera, tendió la mano a Ribera para colaborar en la implementación de medidas y se planteó la necesidad de que las entidades sociales fueran consideradas colaboradoras de la Administración General del Estado para agilizar los procedimientos y evitar la falta de respuesta administrativa, que en ocasiones se podría producir.

Así, para la Plataforma del Tercer Sector esto supone un paso adelante y un hito en cuanto a su labor de incidencia política que repercutirá positivamente en los colectivos que más lo necesitan.

El objetivo es que, cuando sea necesario, las entidades puedan actuar como mediadoras sociales para determinar situaciones de vulnerabilidad, siempre respetando los servicios sociales y el carácter público de los mismos, pero intentando evitar una falta de respuesta administrativa ante la situación de emergencia actual y la enorme demanda generada a raíz de la COVID-19.

Según contempla el BOE, las acreditaciones serán elaboradas y firmadas por profesionales de trabajo social que estén contratados por las entidades mediadoras, que deberán estar colegiados y hacer constar su número en la acreditación expedida.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el  listado completo de entidades al que se puede acceder aquí.