La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha aplaudido el gran apoyo que el pasado martes, 16 de marzo, recibió en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Debatida en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, junto a las modificaciones incorporadas a su redacción en las reuniones previas de la ponencia, la PTS reconoce que esta reforma del derecho civil en materia de discapacidad será “un antes y un después” en la vida de muchas personas con discapacidad y sus familias.

Dado que la Comisión de Justicia tiene capacidad legislativa plena en este asunto, su aprobación significará que pasa directamente al Senado (sin tener que ser ratificada por el Pleno), donde continuará su trámite parlamentario y comenzará a hacer realidad su principal objetivo: acabar con la distinción entre la capacidad de obrar y la capacidad jurídica y establecer también la imposibilidad de anular esta última.

Esta aprobación suprime, por tanto, las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada. De este modo, se adapta el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igualdad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación.

Esta iniciativa legislativa fue remitida el año pasado como proyecto de ley por el Gobierno y ha sido ampliamente demandada en los últimos años por el sector de la discapacidad, siendo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y sus organizaciones quienes históricamente más han venido reclamando este cambio.

Para el sector social de la discapacidad esta reforma supone un “gran paso para implantar la igualdad capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad estableciendo un modelo de apoyos a la toma de decisiones para acabar con la incapacitación judicial ya que actualmente tienen ciertos derechos restringidos, actuando con supervisión en el tráfico jurídico”.

ACTUALIZACIÓN: Luz verde definitiva a la reforma legal que acaba con las incapacitaciones judiciales por discapacidad