La Unión Europea ha suscrito un principio de acuerdo con Turquía en materia de refugiados por medio del cual toda persona extranjera que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluidas las sirias, será expulsada a este país. A cambio, la Unión Europea se compromete a aumentar y agilizar la dotación económica destinada a Turquía para atender a los refugiados, eximir a partir de junio a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la UE, avanzar en el proceso de adhesión del país a la Unión, y a “recibir un refugiado sirio de Turquía por cada refugiado sirio que Turquía reciba desde Grecia”. La mera expresión anterior hace emerger la vieja imagen de una Europa de los mercaderes, como escandaloso colofón a la larga serie de acciones caóticas, confusas y represivas que en los últimos meses vienen adoptándose contra los refugiados en la frontera este de Europa.

Desde la Plataforma del Tercer Sector, mostramos nuestro más enérgico rechazo a un pacto que, lejos de fundamentarse en criterios sociales, de justicia o protección internacional, viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los estados miembro, que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. Este acuerdo provocará un saldo aún mayor de sufrimiento, dolor y muerte para aquellas personas que buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa.

Es por ello que hacemos un llamamiento al Gobierno en funciones para que vote en contra de dicho acuerdo, que debe ser ratificado por los países miembro en la cumbre que tendrá lugar la semana próxima. El acuerdo es, y en dicho sentido debe rechazarse por nuestro Gobierno, no sólo inaceptable, sino inaplicable al ser contrario a la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las Constituciones de los Estados Miembros, que obligan a una admisión ordenada, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional.

Así, exigimos la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios, además del establecimiento de vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.