La Plataforma del Tercer Sector ha reunido hoy en Madrid, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a más de 300 representantes de entidades de acción social de todo el territorio nacional, para explicar el nuevo marco regulador sobre subvenciones para el mantenimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro colaboradoras con la Administración General del Estado.

El encuentro, celebrado en el Auditorio del Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, ha contado con la participación del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; del presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; de su secretario general, Rafael de Lorenzo; de la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher; del director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero; y de la vicepresidenta de la ONCE, Teresa Palahí.

Durante la jornada, los expertos han explicado el contenido de la nueva convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2013, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), además de las particularidades de la normativa reguladora aprobada recientemente por el Gobierno en materia de subvenciones con cargo al IRPF, y sobre las medidas extraordinarias para la erradicación de la morosidad, entre otras cuestiones.

Durante su intervención, Rafael de Lorenzo ha destacado el esfuerzo realizado en los últimos meses junto a la Administración, que ha permitido conseguir avances transversales en el sector, gracias a la identificación de necesidades comunes. A su juicio, esto ha supuesto “un buen arranque” para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a las organizaciones del Tercer Sector.

Asimismo, el secretario de la Plataforma del Tercer Sector ha señalado que es necesaria una “reflexión general para atender a la realidad social del tiempo en el que se vive”. Según dijo, la razonabilidad es la clave cuando se trata del modelo normativo que se pone a disposición de las necesidades sociales de las personas.

“El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de mantener las condiciones y competencias que puedan asegurar el mínimo de dignidad de las personas. Esto está por encima de cualquier otra índole institucional”, ha concluído.