La Plataforma del Tercer Sector (PTS) se ha reunido en Madrid con la número dos de la lista de Izquierda Unida (IU) a las elecciones europeas, Paloma López, para trasladarle sus propuestas de cara a la cita electoral del próximo domingo. Entre otras cosas, le ha solicitado que el Parlamento Europeo asuma, “como política transversal y como prioridad”, la reducción de la pobreza y la integración social y laboral de los grupos en riesgo de exclusión (incluidas las personas con discapacidad).

Paloma López estuvo acompañada por José Antonio García Rubio, secretario ejecutivo federal de Política Económica y Empleo de IU. Por parte de la Plataforma del Tercer Sector, asistieron Luis Cayo, vicepresidente de la Plataforma y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Roser Romero, miembro de la Junta Directiva y secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe); y Elena Rodríguez, coordinadora de la Plataforma. Tras la reunión, la Plataforma señaló la buena sintonía y la acogida de sus propuestas por parte de la representación de Izquierda Unida.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos establecida por la Plataforma del Tercer Sector con los distintos grupos políticos que se presentan a las próximas elecciones europeas para trasladarle sus demandas.

Los miembros de la Plataforma han trasladado a IU su decálogo de propuestas ante las próximas elecciones europeas. Entre ellas, se recoge el establecimiento de una comisión del Parlamento Europeo que haga transversal y compruebe las propuestas de legislación europea, “para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza, y que no admita acciones que pudieran poner en peligro los derechos fundamentales”.

Asimismo, pide que se revisen y amplíen las directivas contra la Discriminación de 2000 y 2001 y “se implementen de manera efectiva y transversal a todas las políticas de la UE las Convenciones de las Naciones Unidas en este ámbito”, en particular la referida a los Derechos de las Personas con Discapacidad. A estos efectos, solicita que “se adopte de una vez por todas un Acta Europea de Accesibilidad ambiciosa, que abarque el diseño para todas las personas y la accesibilidad del entorno construido, los bienes y los servicios.”

La Plataforma demanda que la Recomendación sobre Inclusión Activa se materialice en directivas vinculantes para los Estados miembro y considera especialmente necesaria una Directiva sobre Rentas Mínimas que permitan un nivel de vida digno.

En esta línea, demanda la aprobación de una directiva que establezca prestaciones económicas por hijo/a menor de edad, de carácter universal, en todos los Estados miembro, a fin de reducir la pobreza infantil, así como una Directiva sobre imposición a las transacciones financieras en la Unión Europea, cuyos ingresos reviertan en una dotación de fondos para favorecer la cohesión social y cumplir con la meta de reducción de la pobreza de la EU2020.

También pide que el Parlamento Europeo “se aboque a la lucha contra la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos”.

La Plataforma considera necesario que se reconozcan los servicios sociales y sanitarios de interés general como una de las principales características del modelo social europeo y que se asegure su financiación, dentro del Semestre Europeo. Para ello, señala como prioritaria la adopción de los estatutos de la fundación, asociación y mutualidad europeas para que el Tercer Sector pueda continuar operando en igualdad de condiciones con otros actores económicos.

Entre sus propuestas, también exige que el Parlamento Europeo mantenga un audiencia con las personas en riesgo de exclusión, al menos una vez al año, y establezca una agenda de trabajo compartida. Además, solicita que tanto el Parlamento como la Comisión establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas sobre la legislación europea, “de forma que no sea posible adoptar decisiones que afectan a toda la población europea, sin haber explicado de manera pública y clara el alcance de las medidas a adoptar”.