El secretario general de la Plataforma del Tercer Sector y ONCE, Rafael de Lorenzo, ha asegurado que la actual Ley del Tercer Sector, que se aprobó hace dos años y todavía está sin desarrollar, “no es suficiente” para que el Tercer Sector de Acción Social tenga un status adecuado de interlocución con el Gobierno que permita atender las demandas sociales. En este sentido, el secretario general ha dicho que si existiese “más interlocución efectiva” el Estado conocería de primera mano los problemas reales de las personas en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha dicho De Lorenzo durante la celebración de la sesión informativa de la Ley del Tercer Sector, organizada por la PTS y el Consejo General de la Abogacía Española dentro del convenio de colaboración que tienen suscrito.

Durante el acto, que ha tenido en el propio consejo, el secretario general de la PTS ha asegurado que la Ley del Tercer Sector fue pionera y por lo tanto ha permitido avanzar en algunos aspectos como, por ejemplo, el compromiso del Tercer Sector con los Derechos Humanos, tal y como dicta la exposición de motivos de la norma. “Es una ley de mínimos con fuerza interpretativa que entronca con los valores que persigue el Tercer Sector de Acción Social como son la justicia, solidaridad, no discriminación e inclusión”, ha matizado.

Además, ha dicho que la ley dota de marco jurídico al Tercer Sector de Acción Social  aportando claridad y nitidez en la definición de quienes forman parte del mismo. “Ahora las entidades están más articuladas que hace tres años, y el sector más cohesionado, pero aun así no es suficiente para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos como, por ejemplo, la sostenibilidad o la creciente desigualdad que existe en España”, ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que “la sociedad civil organizada y  legitimada es quien puede contribuir a dar respuesta a las necesidades sociales”. Por esto, ha añadido,  la finalidad de la ley tiene que ser atender mejor a los colectivos más vulnerables. En relación a esto, recordó que el Tercer Sector de Acción Social está compuesto por casi 30.000 entidades, atiende a 7 millones de personas y supone el 1,7% del PIB en España.

De Lorenzo confía en que el Gobierno, en un corto plazo de tiempo, haga efectivo el desarrollo normativo que contempla la ley y que, entre otras cuestiones, se encuentra el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector, con el que se podrán seguir aportando soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad. “Solo esta regulación de contenidos podrá servir de palanca para que desde ahí el Tercer Sector vaya conquistando nuevas cotas”, ha concluido.