La Plataforma del Tercer Sector ha participado este viernes en el Congreso de los Diputados en una jornada en la que representantes de la sociedad civil han debatido sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana aprobada ayer definitivamente por la Cámara Baja y han incidido en la grave lesión para los derechos humanos y sociales y para la libertad de expresión que constituirá la entrada en vigor de esta normativa  el próximo  mes de julio.

En la jornada, organizada por la Plataforma NoSomosDelito en la Sala Ernest Lluch de la Cámara Baja, se han dado cita entidades de la sociedad civil, así como representantes de distintos partidos políticos y de la judicatura. Entre otros, han participado Jueces para la Democracia, el Consejo General de la Abogacía, Rights International Spain, SOS Racismo, Greenpeace.

La coordinadora de la Plataforma del Tercer Sector, Elena Rodríguez, se ha referido a la labor de la Plataforma en la defensa de los colectivos más vulnerables también en el ámbito legislativo y ha señalado que las personas en situación de pobreza y exclusión no han estado presentes en el desarrollo y tramitación de esta normativa, “ni en el principio ni en el final”.

Rodríguez ha subrayado que la calle es el espacio en el que permanecen de forma habitual las personas en situación de pobreza y exclusión social, como las personas sin hogar, drogodependientes o aquellas que ejercen la prostitución, que han sido “invisibles” en este proceso y por ellos, ha dicho, la Plataforma del Tercer Sector “ha levantado la voz”.

Asimismo, ha preguntado al auditorio si realmente era necesaria la tramitación de esta Ley para señalar a continuación que “las leyes que demanda la ciudadanía son aquellas que puedan poner freno a sus problemas y contribuyan a reducir la pobreza y la exclusión social”. En esta línea, ha dejado claro que la Plataforma del Tercer Sector seguirá luchando porque esta Ley no entre en vigor.

De este modo, tal y como viene haciendo en los últimos meses, la Plataforma del Tercer Sector ha querido reiterar con su participación en este acto su preocupación por la aprobación ayer por parte del Congreso de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor el 1 de julio.

Aunque han sido modificados parcialmente algunos artículos referidos a los Derechos Humanos de Manifestación y Reunión, la Plataforma insiste en que no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo.