La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, parahacer balance de las medidas aprobadas por el ministerio y de los retos pendientes en materia social hasta el final de la legislatura.

Este encuentro se produce dos años después de la firma del acuerdo de colaboración entre la Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que recogía reivindicaciones históricas de las entidades sociales. El acuerdo tenía como objetivo reforzar la interlocución entre ambas partes, avanzar en una financiación estable de las entidades y completar el desarrollo de la Ley del Tercer Sector.

Durante la reunión, la ministra Ione Belarra se ha mostrado orgullosa del camino recorrido hasta ahora y ha destacado la importancia de que la sociedad civil y la Administración pública estén alineadas en sus objetivos, para asegurar e impulsar los avances sociales.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha expuesto la necesidad de seguir impulsando las políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para ello, como ha explicado, “los poderes públicos y el Tercer Sector deben trabajar de forma coordinada y colaborando de manera estable”. En la misma línea ha apostado por reforzar el Diálogo Civil con instrumentos de cogobernanza dirigidos a mejorar la situación y los derechos de las personas más vulnerables.

Por su parte, Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, ha insistido en la importancia de aprobar la futura Ley de Servicios Sociales que permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español. Una norma que “debe incluir al Tercer Sector como agente fundamental del sistema en su papel como colaborador y complementario de la gestión de los servicios sociales”. Igualmente, ha abordado el impulso al mecanismo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, así como la mejora del funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible.

En materia de participación, Paquita Sauquillo, vocal de comunicación de la PTS, ha solicitado que el ministerio otorgue mayor relevancia al voluntariado como herramienta de transformación social y garantía de derechos y que se impulse la aprobación del reglamento de la Ley del Voluntariado.

El secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, ha demandado que se aumente del 0,7 al 1 el porcentaje de la cuota íntegra del IPRF y del Impuesto de Sociedades destinado a financiar proyectos sociales “para contribuir al objetivo compartido de asegurar una financiación suficiente y estable al Tercer Sector”. Rafael de Lorenzo también ha abogado por la aprobación del Real Decreto de entidades de acción social colaboradoras con la Administración General del Estado y la comisión interministerial para el impulso de la contratación pública socialmente responsable. Además, ha expresado la necesidad de que, en la Adenda al Plan de Recuperación que está preparando el Gobierno, tengan prioridad las políticas sociales y los proyectos de cohesión social y lucha contra la desigualdad.

Por último, se ha abordado la futura presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Desde la Plataforma del Tercer Sector se ha instado a que la presidencia tenga un marcado carácter social y sirva para impulsar políticas sociales tanto a nivel estatal como europeo.