La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a 30.000 entidades sociales, ha reclamado la reforma de la Constitución Española porque considera “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de los derechos sociales. Así pide que estos se eleven a la categoría de ‘fundamentales’ de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

Coincidiendo con el 41º aniversario de la aprobación de la Carta Magna, las entidades sociales pretenden que con esta reforma se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logré así un verdadero “Estado social”.

Desde la PTS esperan que el nuevo Gobierno atienda los problemas reales de la sociedad y otorgue a las políticas sociales la atención que requieren e impulse las demandas que desde el Tercer Sector se vienen reclamando desde hace ya tiempo. Además, aspira a que haya consenso político para poder avanzar en la citada reforma social de la constitución. “Necesitamos acuerdo y compromiso de las formaciones políticas para avanzar en derechos”, ha subrayado el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

En este sentido, ha asegurado que “el objetivo de la reforma es dignificar la vida de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, heredadas de la crisis económica”.

Además, la plataforma pone sobre la mesa la importancia de que el texto constitucional reconozca el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. “La Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés general. Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”, ha subrayado Poyato.

Por último, el Tercer Sector también considera “necesario” que se rectifique la Constitución Española para que el Estado pueda disponer de una competencia de naturaleza compartida con las Comunidades Autónomas para poder desarrollar políticas de ámbito estatal que refuercen la cohesión social en todo el territorio.