La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha celebrado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles haya publicado la regulación de la categoría de consumidor vulnerable, una decisión, que ha sido aprobada en Consejo de Ministros, y que permitirá dotar de mayor protección y garantías a este tipo de usuarios.

Esta nueva tipología queda definida como la de “aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

No obstante, la PTS ha pedido que se regule esta situación en todo el ordenamiento jurídico y para ello ha reclamado la incorporación en la ley de un concepto genérico de vulnerabilidad social, que operaría con carácter general e irradiaría a todos los sectores jurídicos y administrativos, salvo que cuenten con normativa específica. Así, se constituiría un marco obligado de referencia para el diseño e implementación de las políticas públicas que, además, tendía un impacto positivo en la sociedad.

La Plataforma del Tercer Sector seguirá trabajando para lograr que este concepto de vulnerabilidad tenga un articulado jurídico y que de esta manera se protejan los derechos de las personas en situación de pobreza o exclusión social.