El Fondo Social de Vivienda se amplía a 9.866 viviendas e incluye nuevos grupos de beneficiarios
Juan Lara Crevillén, vicepresidente para la Consolidación del Tercer Sector, participó hoy en representación de la Plataforma del Tercer Sector en la firma del Convenio de Ampliación del Fondo Social de Vivienda (FSV), que aumenta en 3.974 el número de pisos a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. El FSV comprende tras esta ampliación un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras, e incluye nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años o los matrimonios y parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios.
El Fondo se constituyó en enero de 2013 por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector y contaba con una bolsa de 5.892 viviendas que dieran asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar).
Con una duración prevista de dos años, el pasado mes de enero se estableció su prórroga hasta enero de 2017, a lo que se une la ampliación aprobada hoy, que persigue cubrir un mayor número de situaciones que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas.
Desde el Ministerio se prevé que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios (siempre que cumplan los demás requisitos), y se contempla además la posibilidad de establecer acuerdos adicionales con Ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.
Pueden ser reconocidas como beneficiarias del FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago.
Además, deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), u otros criterios de vulnerabilidad como ser familia numerosa, tener menores o personas con discapacidad a cargo, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, o ser víctimas de violencia de género, entre otros.
Al acto de la firma de la ampliación del FSV celebrado en el Ministerio de Economía y Competitividad asistieron Íñigo Fernández de Mesa, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; Susana Camarero, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Javier Priego Pérez, secretario general del Banco de España; Íñigo de la Serna, presidente de la FEMP; Juan Lara Crevillén, vicepresidente para la Consolidación del Tercer Sector de la Plataforma del Tercer Sector; Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de AEB; Santos González, presidente de AHE; José María Méndez, director general de CECA; Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC; José Sevilla, consejero delegado de Bankia; Cristina de Parias, directora de BBVA España; Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de Caixabank; Almudena Román Domínguez, directora general de ING DIRECT España; José Ramón Alonso Lobo, director general de Negocio y Clientes de Banco Popular; María José García Beato, secretaria general de Banco Sabadell; y Rami Aboukhair, Country Head de España del Banco Santander.
La Plataforma del Tercer Sector ha participado en la puesta en marcha y seguimiento del Fondo Social de Viviendas desde su puesta en marcha en 2013, como parte de su compromiso en favor de las personas en riesgo de exclusión social, y forma parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo, que vela por la buena ejecución del proyecto, por la correcta adjudicación de las viviendas y en la que realizan todas aquellas propuestas que pueden contribuir a paliar el profundo drama social que están viviendo miles de familias.