El pasado viernes, 12 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Una ley sobre la que la Plataforma tuvo oportunidad de pronunciarse y hacer incidencia para que el nuevo marco regulador incorporara criterios sociales de manera transversal a la hora de ejecutar una contratación pública, y que en su momento obtuvo buenos resultados. Así, se consiguió fomentar la integración social de las personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables, o promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

La aprobación del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, con la finalidad de permitir la actuación coordinada del sector público estatal. En ella, se consigue la representación de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector que, junto al Consejo Nacional de la Discapacidad, contribuirán al análisis y seguimiento de las medidas que se impulsen.

En este sentido, la Plataforma formará parte activa del Plan que se acaba de aprobar y de los trabajos de impulso y desarrollo que se realizarán en los próximos meses, con el objetivo de incentivar la utilización de la contratación pública como un instrumento al servicio de la promoción de oportunidades de empleo, el trabajo digno, la inclusión social, la accesibilidad o la promoción del comercio justo, entre otros. A grandes rasgos, el Plan se estructura en tres ejes:

   ·   Se sistematizan y recopilan las orientaciones para la redacción de pliegos de licitación pública. Así, por ejemplo, se determina que no podrán licitar las empresas que no cumplan la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad, se rechazarán las propuestas que vulneren la normativa social, o las que no tengan en cuenta criterios de calidad (no solo de coste).

   ·   Se incorpora la previsión de creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Interministerial que deberá identificar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable.

   ·   Se impulsa la formación entre técnicos y gestores de la Administración Pública para que puedan aplicar las directrices que determine el Plan y hagan efectivos los parámetros de la contratación social.

En estos términos, la Plataforma agradece la escucha y receptividad de los Ministerios de Hacienda y Sanidad, Consumo y Bienestar Social a las demandas del Tercer Sector, que han sido recogidas en el texto aprobado por el Consejo de Ministros y que han contribuido a reforzar notablemente la dimensión social de la contratación pública.