El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, dos instrumentos que servirán de refuerzo a un sector clave para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión.

La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua demanda de las organizaciones sociales, apoyará la labor diaria de una sociedad civil organizada, que representa actualmente a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 5 millones de personas voluntarias. Más allá de las distintas coyunturas históricas, políticas o socioeconómicas, el sector contará a partir de ahora con un marco estable que reconoce su labor activa en favor del desarrollo del Estado. 

La Ley del Tercer Sector de Acción Social es la primera ley hecha por y para el sector, que reconoce por primera vez de forma expresa su “papel crucial en el diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social”, y fortalece su capacidad como interlocutor necesario de la Administración General del Estado para el desarrollo de las mismas.

De forma concreta, la norma aprobada hoy impulsa el sector con la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y la Comisión de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en asuntos sociales, y que supondrán el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo conjunto de las organizaciones de acción social con el Gobierno para la legislación en materia social.

Asimismo, la norma establece la aprobación, en un plazo de 12 meses, de un programa de impulso a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, que regulará, entre otros aspectos, la financiación pública de las entidades, el apoyo a la cultura del voluntariado en consonancia con la Ley del Voluntariado aprobada hoy, el acceso a la financiación a través de entidades de crédito oficial los mecanismos de cooperación entre administraciones públicas y entidades de acción social en el trabajo con las personas más necesitadas, o la participación institucional descrita anteriormente.

Este nuevo marco normativo, más acorde con la realidad del sector en los últimos años, ha sido una de las principales reivindicaciones de la Plataforma del Tercer Sector, que ha insistido en la necesidad de desarrollo de una ley general de la que España carecía -lo que dificultaba el despliegue de la labor de las entidades de acción social- y que ha sido proponente de esta iniciativa y ha estado presente en el proceso de discusión y elaboración del texto, en el que se ha contado con la participación de las entidades.

Hoy es un día importante para el Tercer Sector, ya que se establece por fin el marco regulatorio que permitirá ejercer un verdadero liderazgo hacia un nuevo modelo social, pero no deja de ser importante remarcar que este es un primer paso, al que necesariamente debe seguirle el desarrollo de mecanismos de financiación que aporten la estabilidad necesaria a un sector que atiende a seis millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

A partir a ahora nuestro objetivo será el trabajo constante para el despliegue de estos mecanismos, que garanticen la atención sostenida y armonizada a las personas más vulnerables, en la defensa de la justicia social, la inclusión social y laboral y el respeto a los derechos básicos de todos los ciudadanos.

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