El ministro en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, preside hoy la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, creada en febrero de 2013 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad como un mecanismo permanente de interlocución entre dicho organismo y las entidades del Tercer Sector de Acción Social (representadas por la Plataforma del Tercer Sector) para el estudio de las iniciativas y medidas legislativas que afecten directamente a las personas en situación y riesgo de pobreza, vulnerabilidad, o exclusión social.

De manera previa al desarrollo de la Comisión, el ministro en funciones y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, atendieron a los medios de comunicación para informar sobre el contenido de la reunión y mostrar públicamente su compromiso con el despliegue efectivo de la ley del Tercer Sector de Acción Social aprobada el pasado año -y, por ende, con el fomento del propio sector social- y su satisfacción por el reciente respaldo por parte del Tribunal Supremo al actual sistema de distribución de fondos asociados al 0,7% de IRPF destinado a actividades de interés social.

El presidente de la Plataforma reafirmó el compromiso de la entidad y de las asociaciones a quienes representan “con los millones de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad” que necesitan de la acción de las entidades sociales, en un momento en que “los indicadores de pobreza son los peores de nuestra historia reciente”. En este sentido, Poyato remarcó “la necesidad de trabajar desde las organizaciones sociales, el Gobierno, los grupos políticos y en definitiva, desde todo el conjunto de la sociedad” por el despliegue efectivo de la Ley de Tercer Sector de Acción Social aprobada el pasado año, y que prevé, entre otras medidas, “la puesta en marcha de un programa de fomento del Tercer Sector antes de octubre de este año”, o el desarrollo del Real Decreto que reconoce a las entidades del Tercer Sector como colaboradoras de la Administración General del Estado.

Es el momento, afirmó Poyato, “de unir todos los esfuerzos necesarios para buscar una salida común a la inaceptable situación de desigualdad existente en nuestro país”, que pasa necesariamente, entre otros aspectos, por “el fortalecimiento de un elemento clave para el mantenimiento de la justicia y la democracia como es el Tercer Sector de Acción Social”.

Alfonso Alonso destacó por su parte “el alto grado de interlocución que ha habido la pasada legislatura entre las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno de España”, principalmente por medio de esta Comisión del Diálogo Civil, que hoy celebra su decimocuarta reunión.

El ministro en funciones se mostró asimismo “satisfecho” con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el actual sistema de distribución de fondos asociados al 0,7% de IRPF destinado a actividades de interés social; un sistema que, según Alonso, “permite a la Administración General del Estado mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas”.

En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector afirmó que “aunque se trata de una buena noticia”, debe constituir “un primer paso hacia un consenso en cuanto a un sistema de distribución de fondos que permita la realización de actividades de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social”.

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha iniciado ya, tras el conocimiento de la sentencia, los trámites necesarios “para que la convocatoria de ayudas pueda hacerse lo antes posible”. Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015, que se destinarán a proyectos de carácter finalista (dirigidos a personas) que se ejecutarán, por lo general, en 2017. A esta cantidad habrá que sumar, como novedad para esta convocatoria y por la modificación del Código Civil del año pasado, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado. Durante la pasada legislatura, tal como destacó Alonso, estas subvenciones supusieron el reparto de 850 millones de euros y la financiación de 4.746 programas.