El pasado 29 de diciembre, los dirigentes del Partido Socialista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para registrar la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución, que elimina el término “disminuido”y lo sustituye por “persona con discapacidad”.  

La primera petición a la reforma del constitucional se realizó en el año 2003, aunque no fue hasta mayo 2021 cuando finalmente se aprobó en Consejo de ministros. Pero la falta de consenso político y el adelanto electoral impidieron que la iniciativa llegase a término. 

La reforma, tal y como señala el vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la Plataforma del Tercer Sector y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “va más allá de la terminología”. Según Pérez Bueno,“hay otra cuestión (...), que es lo más visible y lo que más percibe a veces la opinión pública, que es anclarlo en un discurso de derechos”. 

Así, el nuevo articulado reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos y señala la obligación de garantizar su autonomía y plena inclusión mediante políticas públicas, respetando sus preferencias y libertad de elección. 

La Plataforma del Tercer Sector, junto con el CERMI y el movimiento asociativo de la discapacidad, confían que esta primera modificación social de la Carta Magna se adopte “con celeridad y por unanimidad” y que sirva como precursora para abrir la puerta a otra, que eleve los derechos sociales a categoría de fundamentales.