La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, celebra el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales que sirva para vertebrar y reforzar el sistema de protección social y la creación de un marco legal que permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español. Así lo ha anunciado ante la prevista aprobación del anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales en el Consejo de Ministros.

Como ha señalado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “la nueva normativa debe definir el objetivo, función y el bien protegido por los servicios sociales. Este es el aspecto clave de la normativa ya que la falta de definición actual provoca diferencias y distorsiones entre territorios”. “Con la aprobación de esta norma estaríamos alcanzando una reivindicación histórica del Tercer Sector”, ha añadido.

Desde la Plataforma del Tercer Sector explican que la nueva ley debe fomentar la reducción de las desigualdades entre y dentro de los territorios en el acceso y en la oferta de recursos. Por ello, es preciso que establezca un catálogo común de prestaciones que esté adaptado a la realidad multidimensional de la pobreza y vulnerabilidad social, que establezca un nivel básico de prestaciones. La norma debe establecer estándares básicos de obligatorio cumplimiento en todos los territorios y para todos los tamaños de población, incluyendo el ámbito rural, además de facilitar la interconexión territorial y asegurar la portabilidad de los expedientes, garantizando los derechos de las personas y los procesos de intervención para su bienestar.

Asimismo, desde la Plataforma del Tercer Sector señalan que es necesario que la ley reduzca los procesos de violencia administrativa, favoreciendo la automatización de procesos, introduciendo sistemas de ventanilla única que reduzcan al máximo la burocracia y la carga administrativa que recae sobre las personas, asegurando la gestión única de los casos y regulando instrumentos técnicos como la historia social única. “En definitiva, unos servicios sociales adaptados a la realidad y con enfoque de derechos humanos, accesibles, integrales, integrados de manera horizontal y vertical y centrados en la persona”, ha añadido Luciano Poyato.  

La PTS también reclama que la ley regule la participación de los agentes colaboradores del sistema público de Servicios sociales, que defina el papel del Tercer Sector en el sistema y potencie la fórmula del concierto social como mecanismo de implicación de las entidades sociales.

En cuanto a la financiación, la Plataforma del Tercer Sector afirma que es necesario aumentar la inversión social y que los Presupuestos Generales del Estado blinden la inversión en servicios sociales al menos al nivel promedio de la Unión Europea. Finalmente, explican que es necesario que la ley incorpore mecanismos y sistemas de evaluación que permitan determinar el impacto de los programas y servicios y se utilicen para mejorar las intervenciones y la calidad de las mismas.