La Plataforma del Tercer Sector muestra su respaldo a la ONCE como entidad plena y esencial del Tercer Sector de Acción Social
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, muestra su completo respaldo a la ONCE como organización esencial y fundamental del Tercer Sector de Acción Social. Así se ha acordado unánimemente en la Junta Directiva y en la Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector. Un apoyo que se extiende a todos los ámbitos de actuación, interlocución e incidencia donde interviene y participa la plataforma.
Este respaldo a la ONCE, y a su consideración plena de entidad del Tercer Sector de Acción Social, se produce ante una propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la que se han planteado ciertos interrogantes sobre la consideración de la ONCE como una entidad del Tercer Sector de Acción Social en las regulaciones y desarrollos normativos que se están negociando en la actualidad.
Desde la Plataforma del Tercer Sector se defiende que el carácter social de la ONCE no admite ninguna duda o debate, pues esta organización ha acreditado ser un pilar social y cívico y un actor de principal magnitud en la articulación del Tercer Sector de Acción Social en nuestro país. Todo ello, avalado por una trayectoria histórica de más de 83 años a las que se añaden su finalidad y su actuación inequívocamente sociales y el hecho de ser una de las entidades fundadoras de la plataforma.
En este sentido, el respaldo de la PTS a la consideración de la ONCE como organización indiscutible del Tercer Sector de Acción Social se extiende a todos los efectos oficiales, pasados, presentes y futuros pues se atiene absolutamente, en cualquiera de sus dimensiones y aspectos, a las exigencias y parámetros de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, del 2015.
Finalmente, la Plataforma del Tercer Sector quiere resaltar que, al igual que con la ONCE, todas sus entidades miembro, mesas y plataformas territoriales cuentan y van a contar con su apoyo para continuar desarrollando su misión y su proyecto conjunto en la defensa de los derechos e intereses sociales de la ciudadanía. Especialmente, en los casos en los que se produzcan circunstancias que les afecten negativamente.