La Plataforma del Tercer Sector (PTS) se ha reunido con el ministro de Universidades, Joan Subirats, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, para analizar la relación del Tercer Sector y de las entidades sociales con el sistema universitario, generar espacios de interlocución y buscar nuevas formas de colaboración.

Durante el encuentro se ha abordado la participación del Tercer Sector en la nueva Ley del Sistema Universitario, especialmente en aquellos ámbitos vinculados con la equidad en el acceso y la inclusión, pero también en la generación de actividades de transferencia de conocimiento. En este sentido, el presidente de la PTS, Luciano Poyato, ha instado a que la nueva norma “recoja el papel y las funciones que desempeñan el Tercer Sector y el voluntariado en los pilares fundamentales de las universidades: formación, investigación y transferencia del conocimiento” y que las entidades sociales estén incluidas en los consejos sociales.  

Desde el Ministerio de Universidades y desde el Tercer Sector se ha apostado por la necesidad de crear un grupo de trabajo específico que facilite la colaboración y la haga más eficaz. Así, se ha debatido también sobre la elaboración de proyectos piloto que impliquen a universidades y entidades sociales y el desarrollo de acciones como los doctorados industriales, que permitan avanzar en investigaciones y métodos de innovación social. Y para ello, Luis Cayo Pérez, vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la PTS, ha propuesto que las entidades sociales tengan un estatuto de entidades colaboradoras del sistema universitario y ha señalado que desde el Tercer Sector también se presentarán propuestas al articulado de la nueva ley.  

Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha explicitado su voluntad de que las universidades cuenten con el Tercer Sector en el desarrollo de experiencias conjuntas para diseñar nuevos currículos formativos, innovadores y flexibles.

Finalmente, también ha ocupado el encuentro la situación del estudiantado en situación de pobreza o exclusión social. En este ámbito, se ha planteado la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas que faciliten y fomenten el acceso a becas y ayudas económicas.