Este mes de julio quedará marcado en la historia de los avances en materia de derechos sociales en nuestro país. Después de años de trabajo, el Tercer Sector, articulado en torno a la Plataforma del Tercer Sector, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hemos firmado un acuerdo histórico. Un hecho del que debemos sentirnos orgullosos tanto el Gobierno como las entidades del Tercer Sector, pero también la sociedad en su conjunto.

El acuerdo que hemos sellado es una reivindicación histórica del Tercer Sector. Una reclamación que por fin se ve respondida y alcanzada y que demuestra el carácter esencial de las entidades y organizaciones que cada día trabajamos por garantizar los derechos de toda la ciudadanía, pero especialmente de aquellas personas más vulnerables y que todavía no ven reconocidos todos sus derechos.

Un pacto que se ha alcanzado en un contexto tremendamente complejo, marcado por la pandemia y por la crisis social y económica generada por la misma, en el que las entidades del Tercer Sector hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos y nuestros recursos para llegar donde no llegaban las instituciones. Un tiempo en el que se ha demostrado que el Tercer Sector es esencial.

Además, podemos decir que es más necesario que nunca. Después de las graves consecuencias sociales que ha dejado la COVID 19, nuestra realidad social está marcada por el incremento de la desigualdad, por la precarización de amplios sectores, la pobreza que afecta una parte de la población, el mantenimiento de barreras y obstáculos a la plena inclusión y la cohesión social.

Desde el nacimiento de la Plataforma del Tercer Sector, como organización que representa a más de 28.000 entidades sociales de todo el país, veníamos reclamando una verdadera interlocución con la administración que nos permitiera establecer un auténtico diálogo civil. Y este acuerdo reafirma y consolida esta línea. Nos permite avanzar y ensanchar los objetivos del Tercer Sector, es decir, que las necesidades de las personas sean atendidas, que las políticas públicas de inclusión y cohesión social estén en un lugar prioritario de la agenda.

¿Y por qué decimos que se trata de un acuerdo histórico que profundiza y avanza en el progreso de los derechos de toda la ciudadanía? Porque aborda tres elementos clave para el Tercer Sector de nuestro país. En primer lugar, refuerza los cauces de interlocución entre el Tercer Sector y el Gobierno. Es necesario que ambas partes mantengamos una colaboración real y auténtica, basada en la transparencia, la cooperación, el reconocimiento mutuo, la participación, la coordinación, el trabajo en red y la innovación social.

Asimismo, aborda otro aspecto esencial para que las entidades del Tercer Sector podamos seguir desarrollando nuestra actividad. Mejora y avanza en una financiación estable y segura de las entidades del Tercer Sector y, por tanto, ofrece la necesaria seguridad para poder seguir profundizando en la construcción de una sociedad democrática avanzada. El Tercer Sector desempeña un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país. El centro de nuestro trabajo son las personas: somos personas que trabajamos para las personas. Ese carácter horizontal de nuestra acción constituye la clave de nuestra labor y el valor diferencial de nuestro trabajo.

Por último, este acuerdo nos va a permitir abordar los diversos desarrollos normativos pendientes y que venimos reclamando desde la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social en 2015. Un asunto que era imprescindible y urgente desplegar puesto que esta ley reconoce el papel crucial del Tercer sector en el diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social y fija una serie de medidas de promoción del sector por parte de la Administración General del Estado.

El acuerdo conseguido también tiene una proyección y una vinculación directa con la reconstrucción social. Viene a contribuir a ella, la impulsa, la ensancha y supone un gran avance. Demuestra que el Tercer Sector quiere y tiene que ser partícipe de dicha reconstrucción si realmente queremos que lo social sea transversal a todas las actuaciones, programas y proyectos vinculados a ella. Si aspiramos a que llegue a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión, para que de verdad nadie se quede atrás. Pues sin la participación y la implicación del Tercer Sector, la reconstrucción no será verdaderamente social. Es necesario un compromiso fuerte con la defensa de los derechos sociales de las personas, de los derechos a la vivienda, a la educación, a la accesibilidad, a la integración y a un nivel de vida adecuado. Demandamos que se desarrollen las políticas necesarias a favor de la igualdad real y efectiva de las personas y los grupos en que se integran.

Por todo ello, debemos felicitarnos y sentir orgullo de este acuerdo. Porque demuestra que el Tercer Sector es un actor importante e imprescindible, pero, sobre todo, porque nos va a permitir avanzar en aquello en lo que el Tercer Sector trabaja día a día, es decir, en la garantía y la defensa de los derechos de toda la ciudadanía.

Con todo, somos conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer. Nos encontramos en el punto de salida. Este acuerdo no significa que todas las cuestiones transcendentales para el Tercer Sector estén resueltas y por supuesto, no agota los posibles y necesarios avances en nuevas y diversas vías de colaboración. Significa que estamos en el camino correcto.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector

*Artículo publicado originalmente en elDiario.es