La red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente, dijo Philip Alston, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, cuyo informe sobre su visita oficial al país este año fue publicado hoy. La adopción de un Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional tiene una gran importancia simbólica, pero es solo la primera de muchas medidas que deberían tomarse con urgencia.

Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020, y encontró “niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo
y niveles escandalosamente altos de desigualdad”.

Incluso antes de la pandemia, el 26,1 por ciento de la población en España y el 29,5 por ciento de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, una de las tasas más altas en
Europa. Más de la mitad experimentaba dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4 por ciento sufría carencia material severa. La tasa de paro era del 13,78 por ciento.

“La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan”, dijo Alston. “La necesidad de reformas en profundidad ha quedado aún en mayor evidencia desde mi visita. El COVID-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada”.

“Afortunadamente, el gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de iniciativas positivas para proteger a las personas en situación precaria, incluidas nuevas medidas para proteger empleos y viviendas, extender la protección al colectivo de trabajadoras domésticas y un nuevo Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional para apoyar a 850.000 familias vulnerables. Todo ello supone una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que se enquistó la pobreza y que llevó a una explosión de desigualdad”. Desde la visita de Alston, el Gobierno también ha tomado medidas para investigar la situación de los trabajadores inmigrantes, revertir el fuerte descenso en los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades y publicar un índice de precios de alquiler a nivel nacional.

“El Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional es un logro ambicioso e impresionante que podría ser de gran ayuda ahora y en el futuro para las personas en situación de pobreza”, señaló el ex Relator. “El gobierno debería garantizar que no se vea afectado por los mismos problemas que socavan las prestaciones de muchas comunidades autónomas, que a menudo llegan a muy pocas personas, proporcionan muy poco apoyo, tienen requisitos onerosos y limitan la elegibilidad”. El sucesor de Alston, Olivier De Schutter, ha solicitado a España que amplíe la cobertura y la elegibilidad del nuevo Ingreso Mínimo Vital, reduciendo los trámites burocráticos.

“Pero estas reformas a la red de protección social no lograrán mucho sin una acción significativa para defender los derechos de las personas a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado”, dijo Alston. “España atraviesa una crisis de vivienda, con costos disparados, la privatización de vivienda pública y extensos desalojos; sin embargo, la vivienda de bajo costo es casi inexistente. Una cuarta parte de los hogares con niños en riesgo de pobreza tienen grandes dificultades para cubrir los gastos de educación, y todavía hay lagunas en el acceso a la sanidad para las personas con bajos ingresos e inmigrantes recientes”.

“Algunos grupos se ven particularmente afectados por la pobreza en España. Las mujeres afrontan tasas más altas de pobreza y salen peor paradas en casi todos los indicadores del mercado laboral, mientras que casi un tercio de los niños viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las comunidades gitanas sufren tasas de pobreza y desigualdad chocantes, así como una grave segregación de facto en el sistema educativo”.

Alston viajó a Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios públicos de los ámbitos municipal, autonómico y central, así como con activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal de trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro para trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.

“A pesar de las condiciones realmente terribles que observé durante mi visita, las acciones del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus son alentadoras”, dijo Alston. “Espero que la coalición gobernante redoble su compromiso en este sentido y cumpla sus ambiciosas promesas, asegurando en España el respeto a los derechos sociales para todos y en todas partes”.

El sucesor de Alston, Olivier De Schutter, presentará el informe en el Consejo de Derechos Humanos el 7 de julio.