La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, ha valorado positivamente el escudo social puesto en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia provocada por el coronavirus, pero ha pedido ir más allá para proteger a corto, medio y largo plazo a las personas más vulnerables.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha explicado que esta crisis sanitaria está desencadenando una crisis social que se prolongará en el tiempo, y que, según las previsiones, será más cruel que la de 2008.  Por tanto, ha dicho, “hay que blindar los derechos sociales y trabajar para que verdaderamente nadie quede atrás y el porcentaje de personas vulnerables no aumente de manera exponencial”.

Con respecto al escudo social, las entidades sociales han aplaudido que el Gobierno haya tenido en cuenta las demandas de la Plataforma del Tercer Sector para poner en marcha, por ejemplo, la moratoria de las hipotecas y alquileres, la prohibición de los desahucios, la extensión del bono social, las ayudas para paliar la pobreza infantil y facilitar la conciliación familiar, el subsidio temporal para las empleadas del hogar, entre otras iniciativas.

Aun así, las principales ONG del país, que están dentro de la propia plataforma, como Cáritas, Cruz Roja, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la ONCE, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma de Infancia, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) han asegurado que queda mucho por hacer y han pedido al Ejecutivo un mayor compromiso y diálogo real y efectivo para llevarlas a cabo. “El Tercer Sector y todas sus entidades son las que verdaderamente conocemos la realidad social, por lo que somos agentes clave en el desarrollo de cualquier medida dirigida a los colectivos que atendemos”, han subrayado las entidades.

Demandas sociales concretas

Concretamente, en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, han demandado la puesta en marcha “inmediata” de una renta mínima de carácter estatal que haga frente a la carencia de ingresos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad para mitigar el impacto social y económico de la crisis del coronavirus, que ha puesto de manifiesto la fragilidad económica en la que viven más de medio millón de hogares en España.  Además, han reclamado atención para la situación de las personas migrantes, especialmente de aquellas que viven de manera irregular.

Desde el colectivo de la discapacidad, han puesto sobre la mesa que su primera demanda es preservar la vida de las personas con discapacidad que viven en instituciones colectivas (residencias, viviendas tuteladas, o de apoyo, etc.) y que, junto con las personasmayores, son los grupos sociales más expuestos a los efectos letales de la pandemia, especialmente aquellas que viven solas.

También, destaca que las autoridades sanitarias han de garantizar una atención médica sin discriminaciones ni exclusiones por motivos de edad o discapacidad.  “La vida de las personas con discapacidad o mayores no vale menos que las de los demás, y ha de ser tratada y atendida con arreglo a criterios de respeto, no discriminación y equidad, en todo momento. Lo otro, es selección social, y evoca los peores y más repugnantes momentos de la humanidad”, ha subrayado el movimiento de la discapacidad.

Ligado a esto, las entidades que trabajan con las personas mayores, y que padecen enfermedades crónicas, consideran necesario que se pongan en marcha medidas específicas para proteger su salud y su bienestar, ya que son vulnerables a la pandemia y están sufriendo directamente su impacto. Para ello, han propuesto reforzar los recursos destinados a prevenir la enfermedad en las personas mayores; incrementar las medidas destinadas a luchar contra el aislamiento y la soledad que el coronavirus está generando; garantizar los recursos y apoyos necesarios para que puedan superar las limitaciones físicas y la falta de autonomía personal; y proteger a estas personas frente al abuso y los malos tratos.

Infancia, voluntariado y cooperación

Por su parte, las entidades que representan a la infancia consideran urgente que el Gobierno ponga en marcha medidas específicas destinadas a proteger a la infancia y piden reforzar las ayudas económicas existentes como, por ejemplo, la prestación por hijo o hija a cargo. De la misma manera, urgen a una mayor atención de los niños y niñas en situaciones precarias, como los que habitan en condiciones de hacinamiento o infravivienda, o carecen de acceso a internet o de dispositivos para mantener su derecho a la educación.

Desde el ámbito del voluntariado, han reivindicado la necesidad de que las personas voluntarias puedan contar con equipos básicos de protección para protegerse y para no contagiar a las personas atendidas, la mayoría en situación de riesgo. “El voluntariado también está salvando vidas en estos momentos y así debe seguir siendo”, han apuntado. Asimismo, han incidido en que es “imprescindible” ejercer la solidaridad de la mano de una entidad social porque es la forma de realizar un voluntariado seguro y eficaz en estos momentos. 

Por último, las entidades que se dedican a la cooperación han señalado que “la pandemia está demostrando que somos interdependientes y que lo que ocurre en un lugar del planeta nos afecta a todas las personas que lo habitamos, por lo tanto, tenemos que interiorizar que la respuesta a la amenaza del COVID-19 o es global o no será efectiva”.

En este sentido, han alertado de que el virus está llegando a países en los que los sistemas públicos de salud son muy débiles y la situación económica y habitacional de gran parte de la población es muy precaria por lo que llama a apostar por una “reforzada” política de cooperación para contribuir de la manera más directa posible a frenar la curva en todo el mundo.