La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha alertado de los riesgos que está produciendo la ‘microfinancianciación’ en los proyectos sociales que se financian con cargo al 0,7% del IRPF, tras la puesta en marcha del modelo de gestión compartida o doble tramo, que motivó una sentencia del Tribunal Constitucional.

Así lo recoge un informe que la PTS ha elaborado tras analizar las resoluciones públicas y definitivas de los fondos derivados de la casilla 106 de la declaración de la renta destinada a fines sociales.

Este documento desvela que el número de entidades beneficiarias y proyectos financiados se ha multiplicado por tres en la convocatoria de 2017. A pesar de esto, se han mantenido estables los recursos y fondos disponibles, según la PTS.

Con respecto a los datos, la mitad de los programas estatales financiados a cargo del 0,7% del IRPF se financian con cuantías inferiores a los 40.000 euros. Además, uno de cada cuatro programas presentados por las entidades sociales para atender a las personas en situación de vulnerabilidad están por debajo de los 20.000 euros.

Por otro lado, según el informe de la PTS, en el caso de las resoluciones de ámbito autonómico, la tendencia a la ‘microfinanciación’ es aún más acusada. Así, nos encontramos con una situación que impide la correcta ejecución de los programas y que, en muchos casos, cuestiona la propia sostenibilidad social de los mismos, es decir, se pone en cuestión el mantenimiento y continuidad de proyectos que se desarrollaban desde hace años con personas reales en situación de vulnerabilidad.

Proyectos subvencionados con menos de 200 euros

El trabajo también muestra que el 67% de los proyectos autonómicos se han financiado con cuantías inferiores a los 30.000 y un 33%, uno de cada tres proyectos, con menos de 10.000. En relación a esto, destacan ejemplos extremos, pero generalizados en todos los territorios, de proyectos subvencionados con cantidades mínimas, que no llegan a los 200 euros.

Ante esta situación, y el riesgo de que se desvirtúe la esencia y sentido de los proyectos financiados a través del 0,7%, la Junta Directiva de la Plataforma ha aprobado un documento marco con las directrices que deben inspirar el modelo del IRPF de cara a futuras convocatorias.

En este sentido, desde la PTS abogan por buscar un acuerdo que tenga una concepción holística y global de nuevo sistema. Además, han subrayado la necesidad de que se impongan garantías jurídicas que ofrezcan seguridad y eviten distorsiones o desequilibrios que perjudiquen la sostenibilidad económica y social de los proyectos.

Por último, han defendido la necesidad de exigir criterios de gobernanza que permitan la participación del Tercer Sector de Acción Social en la toma de decisiones y aseguren la transparencia en los procesos de negociación que se lleven a cabo en los territorios.

En relación a esto, se ha puesto de manifiesto que se necesita un modelo de sostenibilidad que trasciende el alcance de los proyectos financiados a través del IRPF. La crisis produjo una caída media del 35% de los financiadores del sector, una circunstancia que no se ha revertido, sino que más bien se ha afianzado debido al cambio en el modelo de gestión de estos fondos y los efectos negativos que puede ocasionar, de acuerdo a los datos del informe.