Los diputados Francisco Martínez Vázquez (PP); Marisol Pérez (PSOE); Carolina Bescansa (Unidos Podemos), y Diego Clemente (Ciudadanos) han coincidido este martes en la importancia del debate para que una posible reforma de la Constitución sirva para reforzar el Estado del Bienestar, pese a las diferencias existentes entre las formaciones políticas. Además, han compartido el interés y empeño por preservar precisamente este Estado Social.

Así se ha puesto de relieve durante la mesa de debate político que se ha celebrado en el marco del seminario ‘La reforma social de la Constitución española. Constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que se celebra en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

El primero en intervenir ha sido el diputado de Ciudadanos, Diego Clemente, quien ha dicho que su partido “no tiene miedo a una reforma de la Carta Magna”. En este sentido, ha puesto sobre la mesa la “oportunidad” que esto supondría para blindar los derechos sociales.

“Ya que se abre el melón habría que constitucionalizar el derecho a una vida autónoma y la accesibilidad universal, entre otros”, ha agregado. También ha insistido en la necesidad de obtener el mismo consenso que en la Constitución de 1978.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, ha defendido que desde su formación política aspiran a una propuesta de cambio que avance, según ha dicho, hacia unos mínimos constitucionales de gasto público que garanticen los derechos sociales. “Estos mínimos deben asegurarse con independencia del Gobierno o los Presupuestos Generales del Estado”, ha incidido Bescansa.

Además, ha puesto sobre la mesa que las garantías constitucionales existen cuando hay herramientas para ello. “Debemos tener en cuenta qué derechos se reconocen y cómo se garantizan”, ha matizado.

Derechos y sus garantías

Con este mismo planteamiento ha coincidido la diputada socialista Marisol Pérez, quien ha asegurado que “los derechos solo valen lo que valen sus garantías”. Así, ha subrayado que “mi partido cree que los derechos sociales básicos deben constitucionalizarse como fundamentales porque es la manera de garantizarlos”.

De la misma manera, ha querido subrayar la necesidad de reconocer nuevos derechos y libertades, blindar el Estado Social y caminar hacia una España federal, que esté integrada también en una Europa federal.

Por último, el diputado del PP, Francisco Martínez Vázquez, ha dicho que pese a que el partido popular no llevaba en su programa electoral la reforma de la Carta Magna, eso no quiere decir “que nos resistamos a ello”. De hecho, ha añadido que apoyarían un cambio si existiera un consenso generalizado.

Además,  ha subrayado que no le gustaría “que Podemos quedase fuera de la reforma constitucional” y ha pedido a la formación morada que contribuya con sus aportaciones y que subscriba -en caso de acuerdo- las modificaciones correspondientes a la Carta Magna de cara a blindar las políticas sociales, entre otros puntos.

Desarrollo social

Tras la mesa de debate político, Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación de CEPES y director de Relaciones Sociales e internacionales y de planes Sociales de Fundación ONCE, ha impartido la ponencia ‘Los derechos sociales en el constitucionalismo europeo: visión panorámica’, durante la que ha repasado cómo se han ido reconociendo los derechos sociales a lo largo de la historia en España y en diferentes países de su entorno. Según ha explicado, una de las diferencias que presenta España, con respecto al resto, es que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento cuando se ratifican.

“El modelo de absorción o integración de la normativa internacional es de efecto directo desde su ratificación. No puede haber un derecho blando y un derecho duro, sino que tiene que ser único”, ha agregado Cabra de Luna, quien ha comentado que “se debería poder llegar a establecer en la Constitución un derecho mínimo vital y el establecimiento de un cuadro de garantías sociales para toda la ciudadanía”. De este modo, ha advertido de que “no cabe desarrollo económico sin desarrollo social, puesto que son complementarios”.

Resquebrajamiento del consenso del 78

Mientras, Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, ha analizado en profundidad la cuestión del reparto competencial en materia de servicios sociales entre las distintas administraciones. A su juicio, “la Constitución fija pocas reglas sobre este asunto. LO hace especialmente dentro del artículo 148, que atribuye a las comunidades autónomas la asistencia social”.

En todo caso, ha matizado que existen artículos cruzados que “impiden que se pueda afirmar que las comunidades autónomas tienen en exclusiva y de forma excluyente estas competencias”. Además, ha recordado que desde que la Carta Magna fue aprobada, han surgido cambios, como las obligaciones contraídas por la ratificación del Estado español de tratados internacionales; la reforma de los estatutos de autonomía de ‘segunda generación’, y la reversibilidad de los derechos sociales ante los ajustes derivados de crisis económicas.

Finalmente, Antonio-Luis Martínez Pujalte, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, ha intervenido en la ponencia ‘Apuntes para una nueva configuración constitucional de los derechos sociales’, explicando que, en los últimos años, ha cambiado de opinión sobre la necesidad de reformar la Carta Magna, aunque ha avisado de que “hemos asistido a un resquebrajamiento del consenso constitucional de 1978, por lo que lo mejor que podemos hacer es tratar de reconstruirlo, para que la Constitución pueda mantener el respaldo de las generaciones más jóvenes”.

“Es más importante reformar la Constitución que cumplirla, porque todavía existen cuestiones urgentes que deben ser corregidas, como la posibilidad de que se prive del derecho de voto a las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo”, ha zanjado.