Carmen Navarro, portavoz de Servicios Sociales del PP en el Congreso de los Diputados; Elvira Ramón, portavoz de la Comisión de Servicios Sociales del PSOE en el Congreso de los Diputados; y Diego Clemente, portavoz de la Comisión de Servicios Sociales de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se han comprometido con la Plataforma del Tercer Sector para que los próximos presupuestos generales del Estado impulsen las políticas sociales.

Así lo indicaron los representantes de los grupos parlamentarios en un encuentro informativo, titulado ‘La sostenibilidad del Tercer Sector. Los nuevos retos’, en el que se ha analizado la situación que está viviendo el sector tras el cambio de modelo en el reparto de las subvenciones del 0,7% del IRPF. Además, han debatido sobre las posibles vías para dar sostenibilidad a las entidades sociales desde el ámbito económico, institucional y organizativo.

Durante el acto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de elevar el porcentaje del IRPF destinado a fines sociales para dar sostenibilidad a los proyectos que llevan a cabo las entidades del sector. Según ha explicado, la propuesta pasa por aumentar el 0,7% actual del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al 1%, y que esas tres décimas de más vayan al ámbito estatal. En este sentido ha dicho que ”para compensar los desequilibrios económicos que hay en materia social, ya que no todas las CCAA tienen las mismas políticas sociales, creemos que este aumento en la casilla podría ser un hito importante en la realidad española. Por ello, si se llega a un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 sería un buen momento para  hacerlo“.

Con esta misma idea han coincidido los parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, Elvira Ramón y Diego Clemente, respectivamente. Por su parte, Carmen Navarro (PP), señaló que “esto convergerá en los mismos problemas. Tendría que estudiarse desde el punto de vista de las competencias del Estado y de las CCAA.  Ya la Ley del Tercer Sector señalaba expresamente la diferencia entre el Estado y los territorios porque quizá ahora no hay instrumentos necesarios para que esos tres puntos vayan al tramo estatal teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional incide mucho entre la diferencia de competencias entre las CCAA y Estado”.

Reforma constitucional 

En este sentido, en lo que sí coincidieron las tres fuerzas políticas fue en “blindar” las políticas sociales de cara a llevar a cabo una futura reforma constitucional.

Otro de los temas que se han tratado en el encuentro es la necesidad de ejecutar leyes del Tercer Sector en los territorios. En relación a esto, el vicepresidente de Acción Política e Institucional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, ha manifestado que “la Ley de Tercer Sector regula el ámbito estatal, pero hay muchas competencias que están en las comunidades autónomas. Es necesario que articulemos un sistema de protección social y de implicación de la sociedad civil a nivel estatal, que tenga en cuenta la situación económica”. 

En relación a esto, el portavoz de Ciudadanos recalcó que, a su juicio, “la administración central debe ejercer una supervisión. Tiene una labor muy importante y es nuestra obligación garantizar la igualdad de todos los españoles que ahora mismo no se da”. A este respecto, la portavoz el PP recalcó que “no tenemos supervisión sobre las competencias de las comunidades autónomas”.

Por su parte, Elvira Ramón (PSOE) incidió en que “para llevar a cabo todo esto se necesita de un impulso económico importante”.

Visibilidad y Ley del Tercer Sector

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar el desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector, aprobada hace dos años. El vicepresidente de Incidencia Política e Impulso Normativo de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, ha recordado que está pendiente el Programa de Impulso de las entidades del Tercer Sector, la regulación de las mismas como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y el inventario de entidades en el ámbito estatal, entre otras cuestiones. “Con el modelo definitivo sobre la mesa, podría ser el momento para aprobar ese paquete pendiente de la Ley del Tercer Sector para que de verdad sea una ley”, dijo Pérez Bueno.

En el encuentro se recalcó la importancia de la interlocución entre el Tercer Sector y los grupos parlamentarios. En este sentido el presidente de la PTS pidió “comisiones de diálogo civil con cada uno de los partidos políticos con representación”. Además, apostó por acercar el Tercer Sector a la ciudadanía y a la clase empresarial, que es quien genera empleo.

Con estos últimos puntos, tanto PP, como PSOE y Ciudadanos, mostraron su compromiso de interlocución porque según manifestaron “sin las entidades del tercer sector no podemos llegar a todas las personas. Son una pieza clave para prestar el servicio y por lo tanto tenemos que ir de la mano”.