La Plataforma del Tercer Sector reclama un Pacto de Estado contra la Pobreza y la Exclusión Social
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha reclamado hoy en el Congreso un Pacto de Estado contra la Pobreza y la Exclusión Social, para el que ha pedido el compromiso de todas las fuerzas políticas. “Debe ser un pacto que enmarque las acciones que se van a realizar desde el Estado para evitar las situaciones de pobreza y exclusión o paliar sus efectos en los casos que se hayan producido”, ha comentado Poyato, que además ha añadido que mientras que llega ese Pacto es urgente y fundamental aprobar un Plan Extraordinario contra la Pobreza y la Exclusión Social, “un plan de carácter integral y plurianual (con medidas en materia de empleo, vivienda, educación, sanidad, etc.), destinado a financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la sociedad”, ha explicado.
Poyato ha hecho una radiografía del Tercer Sector en nuestro país recordando, entre otras cosas, que la Plataforma representa a cerca de 30.000 entidades de acción social que además de solidarias, participativas, comprometidas y eficientes en su labor, son generadoras de empleo (645.000 empleos directos, el 4,6% del total nacional) y generador de riqueza (representa el 1,5% del PIB).
Además, ha alertado sobre la situación social que describen las últimas cifras de las que se disponen, según las cuales la tasa de pobreza relativa (personas que viven con menos de la mitad de la renta media del conjunto de la población), se sitúa en casi el 29%. “Es decir, 3 de cada 10 personas se encuentran en España en riesgo de exclusión”, ha aseverado el máximo responsable de la Plataforma, apuntando también que existe un 15% de trabajadores pobres (personas que aun trabajando están por debajo del umbral de la pobreza) y que la pobreza infantil (menores de 16 años) alcanza el 32%.
Para paliar esta situación, además del Plan contra la pobreza y la exclusión social, desde la Plataforma del Tercer Sector se cree necesaria una reforma constitucional que formule los derechos sociales, culturales y económicos como derechos fundamentales. En este mismo marco proponen una Ley Estatal de Derechos y Servicios Sociales, así como que se cumplan los compromisos de España respecto a la acogida de personas refugiadas.
Distribución del 0,7% del IRPF
Luciano Poyato ha recordado que el modelo de distribución del 0,7% del IRPF ha mantenido hasta ahora un equilibrio territorial, “permitiendo que independientemente de donde se haya nacido el dinero recaudado haya ido a quien más lo necesita”. Para la PTS esta premisa es en palabras de su presidente un “principio esencial de convivencia, cohesión y equilibrio interterritorial”.
Poyato ha hecho referencia a la última sentencia del Tribunal Constitucional que anula la resolución de la convocatoria de 2016 y hace un mandato expreso al Gobierno instándole a que adopte una solución que, respetando las competencias autonómicas, garantice la solidaridad y la atención a las personas. Con este mismo propósito, el presidente de la PTS ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios en la Cámara, trasladándoles la necesidad de alcanzar el máximo consenso ante la búsqueda de nuevas soluciones.
Luciano Poyato ha expresado el compromiso de la Plataforma con este mandato del TC y ha informado que se está trabajando en el desarrollo un modelo de gestión dual, es decir, que comprenda un tramo autonómico y otro estatal, con el objetivo de ofrecer estabilidad al sistema y garantizar la atención a los más de 7 millones de personas que, cada año, reciben el apoyo y acompañamiento de las entidades sociales.
Por último, ha hecho mención a la necesidad de trabajar en el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, aprobadas ambas en octubre de 2015. Respecto a la primera de ellas, ha recordado a los asistentes la necesidad de refrendar un Programa de fomento e impulso a las entidades del tercer sector que, de acuerdo al propio marco normativo, debía haber sido aprobado al año de entrada en vigor de la norma.
