La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, participó hoy en la clausura de la Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector, celebrada en la sede de Cáritas en Madrid.

Acompañada por el secretario de Estado Mario Garcés, la ministra señaló su compromiso con la Comisión para el Diálogo Civil, que convocará “en las próximas semanas” y cuya periodicidad trimestral pretende asegurar. La Comisión representa, según Montserrat, “el diálogo y la interlocución diaria con la Administración necesario con las entidades sociales”, por lo que su equipo asegurará la periodicidad fijada inicialmente, que en el último año se había visto reducida a una única reunión.

“Vosotros sois la esperanza, el primer y muchas veces último recurso para las personas que lo necesitan”, afirmó. El Tercer Sector representa “la esperanza y el apoyo ahí donde no llega la administración”, por lo que se comprometió a seguir trabajando "codo con codo" con las entidades que lo conforman, en la defensa de los derechos sociales y la búsqueda de soluciones para los más desfavorecidos.

Luciano Poyato, presidente del Tercer Sector, señaló por su parte que los temas que tienen que ver con la exclusión social “son transversales a los distintos ministerios”, por lo que el reto para la nueva ministra será “saber llevar esa transversalidad a las políticas” que se desarrollen en la actual legislatura, abarcando temáticas que se regulan en otras carteras como pueden ser la vivienda o el empleo, entre otras.

Poyato llamó la atención sobre la necesidad de un sistema estable y duradero de financiación y soporte de las entidades sociales. “Estamos hartos de tanta inseguridad jurídica ante nuestra actividad; al trabajar con personas, esta inestabilidad es insostenible” señaló, en relación a los constantes recursos presentados contra el sistema de distribución de subvenciones asociadas al IPRF o a la inestabilidad de las subvenciones destinadas al mantenimiento de estructuras de las ONG. “Necesitamos una política nueva en materia social que apareje un presupuesto”, añadió, así como la creación de grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Diálogo Civil dedicado monográficamente a la búsqueda de “soluciones solidad, duraderas y estables al apoyo económico al sector de acción social”.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, afirmó que las diferencias sociales se han “agigantado” tras “la peor crisis económica de los últimos 100 años”. Por ello, agradeció “el compromiso con quien más lo necesita” de las entidades sociales y de las millones de personas voluntarias que colaboran en él, y añadió que el Gobierno está decidido a “negociar y pactar con el resto de fuerzas políticas” en favor de la garantía de los derechos sociales de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Como parte de dicho compromiso, Garcés afirmó además que el Gobierno emitirá, en un plazo máximo de 10 días, la resolución pendiente de las subvenciones derivadas del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social del ejercicio.

Rafael del Río, presidente de Cáritas, hizo por su parte un llamamiento a los representantes del ministerio a “no olvidar” a las entidades sociales. “Somos los más necesitados de esta sociedad, y necesitamos más que nadie vuestra ayuda”, señaló.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Durante la Asamblea celebrada este miércoles los representantes de la Plataforma señalaron asimismo como una de las principales líneas de trabajo para 2017 el despliegue de las leyes de Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado, aprobadas en octubre de 2015 y cuyo desarrollo normativo (previsto para su primer año de vigencia) paralizó la falta de acuerdo para la formación de Gobierno.

En cuanto a la defensa de los derechos sociales, la Plataforma del Tercer Sector se comprometió a trabajar por una Ley Estatal de Derechos Sociales, el establecimiento de un Pacto de Estado contra la Pobreza y el restablecimiento del derecho universal a la salud; así como en la cuestión de los refugiados, “para que Europa responda a la escandalosa situación actual”. Asimismo, la Plataforma incidirá en la mejora del sistema de cooperación internacional actual, con el impulso de medidas como el aumento del 0,4% al 0,7% del PIB para fondos para el desarrollo.

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