El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, suscribieron hoy un convenio de colaboración que tiene como objetivo la divulgación de la realidad y los problemas sociales entre los jueces y el acercamiento del Tercer Sector al Poder Judicial y su funcionamiento.

El convenio supone una oportunidad de fortalecimiento de ambas instituciones, que defienden desde distintas modalidades los mismos intereses sociales y humanitarios, e identifica los campos de actuaciones comunes del CGPJ y la Plataforma.

Así, busca “trasladar la realidad y los problemas sociales al seno de las organizaciones del Consejo General del Poder Judicial, a los jueves, a los magistrados y a la Escuela del Poder Judicial”, para intensificar la labor que realizan desde sus respectivos ámbitos de actuación y para la satisfacción de las demandas sociales y necesidades de interés general.

Para el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, este convenio “supone un hito para el Tercer Sector”, ya que es el primero en acercar al conjunto de las entidades sociales al ámbito judicial, “con voluntad e interés manifiesto de trabajar coordinadamente para la mejora de las personas vulnerables”.

“No sólo vamos a acercar a las organizaciones del Tercer Sector al Poder Judicial, sino que vamos a hacer partícipes a los jueces y magistrados de los problemas sociales y necesidades reales de las personas” que, sin cauces como establecido hoy, no tendrían interlocución directa con un pilar sustancial del Estado como es el Poder Judicial”, afirmó.

Según Poyato, el paso dado hoy “fortalece a ambas partes”, ya que permite buscar ámbitos de actuación en los que “aunar esfuerzos en beneficio de las personas más desfavorecidas, e intensificar así la labor en pro de las demandas sociales y necesidades de interés general”.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector destacó que espera “que la firma de este acuerdo de colaboración, coincidiendo con la constitución del nuevo Gobierno, sirva para afianzar el impulso normativo que necesita el Tercer Sector y que esperamos contribuya al fortalecimiento de las entidades, para que puedan seguir desempeñando su trabajo, y al de las personas más perjudicadas de esta sociedad” (cada día el sector realiza más de 150.000 atenciones directas). Así, el despliegue efectivo de la Ley del Tercer Sector y del Voluntariado aprobadas el pasado año, será “una de las primeras tareas a abordar, junto con la búsqueda de un marco de sostenibilidad financiera que permita la estabilidad del sector y de la labor que realizan a favor del interés general de nuestra sociedad”, concluyó. 

Carlos Lesmes destacó por su parte “la especial sensibilidad” del Consejo y de los jueces hacia los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad o las más afectadas por la crisis económica.

“El órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad”, señaló.

La Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector se constituye en enero de 2012 para defender, a través de una única voz, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Integrada por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas; la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE); a ella se han unido posteriormente entidades colaboradoras y Plataformas del Tercer Sector de ámbito regional.

A día de hoy, la Plataforma está compuesta por veinte organizaciones y representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias.