La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a las principales asociaciones y plataformas representativas del mismo, mostró su enorme preocupación por los efectos que la reciente sentencia del Tribunal Supremo pudiera ocasionar en el actual modelo de asignación tributaria del IRPF para fines sociales, que responde actualmente a una configuración de competencia estatal.

El actual modelo de reparto del 0,7% de IRPF para fines sociales ha mostrado su buen funcionamiento, ha reforzado a las organizaciones sociales en todo el territorio del Estado y garantizado la equidad, la solidaridad interterritorial y el papel de cohesión que desarrollan las organizaciones sociales del Tercer Sector en la gestión de los programas sociales del IRPF.

Esta amplia representación del sector, que muestra su respeto a las resoluciones judiciales, reclamó del Gobierno la adopción de cuantas medidas normativas y jurisdiccionales estuvieran a su alcance para defender y consolidar el actual modelo de articulación de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales y garantizar la solidez y cohesión de las organizaciones sociales que configuran el Tercer Sector.

La Plataforma rechazaba rotundamente cualquier cambio en el actual modelo de competencia estatal de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales hacia cualquier otro modelo que ponga el acento en el ámbito territorial por considerarlo extraordinariamente perjudicial para el Tercer Sector y el conjunto de las organizaciones sociales y por implicar un grave retroceso en la construcción de respuestas sociales basadas en la equidad y la solidaridad interterritorial.

La sentencia podría poner en riesgo los programas que se realizan con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF, y que constituyen un medio fundamental para el desarrollo de las políticas de solidaridad en todo el territorio nacional, con una mejor y más rápida respuesta a los problemas sociales, con una labor más rápida e innovadora que la de las administraciones públicas.

La modificación hubiera atentado contra una parte destacada de los programas sociales que se desarrollan por ONG implantadas en todo el territorio del Estado o en varias comunidades autónomas, lo que perjudicaría la vertebración de la política social en España.

Recogiendo esta posición, el Presidente del Gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de abril, en respuesta a una pregunta parlamentaria manifestó:

“Señor Duran, el Gobierno respeta, acata y cumple siempre, como no podía ser de otra manera, las resoluciones judiciales, pero hecha esta afirmación general debo añadir algo. Usted se refiere sin duda alguna a una sentencia frente a un recurso de la Generalitat de Catalunya contra una orden del Gobierno de España del año 2008 que establecía las bases y convocatorias de subvenciones para diversos programas sociales con cargo a la asignación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta sentencia anula, como usted ha dicho, la orden del Gobierno de España del año 2008, pero no lo hace por una cuestión de fondo o por una cuestión competencial, lo hace por una cuestión procedimental. Por tanto, esa sentencia no dice que el reparto haya que hacerse como usted dice. A partir de ahí, y sobre todo a partir del año 2009, el Gobierno de España estableció un procedimiento consensuado por todas las comunidades autónomas, apoyado por la propia Generalitat de Catalunya y que creo que sirve razonablemente al interés general y asigna de una manera sensata, razonable y eficaz los recursos que los contribuyentes, cuando pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas, quieren dedicar a atenciones sociales.”

En otro momento de su intervención manifestó:

“Señor Duran, efectivamente tengo en cuenta los informes de la Abogacía del Estado y en general todos los informes jurídicos de los que puede disponer la Administración. Lo que no tendría ningún sentido sería que fuera yo, por mi propia decisión, el que interpretara las sentencias de los tribunales. Por tanto, los informes de la Abogacía del Estado y de los demás organismos que tienen que darlos, así como la propia actuación del Gobierno a lo largo de los últimos años, dicen que la actuación que se está llevando a cabo respeta el procedimiento y las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a la distribución competencial, tanto en materia de asistencia social como de actividad subvencional.

Hay algo que creo que es muy importante y que debiéramos tener todos en cuenta, y es que estos programas sociales no son solo autonómicos. Son también servicios sociales gestionados por corporaciones locales o por entidades de ámbito nacional, y esas entidades de ámbito nacional, que pueden actuar en una, dos o tres autonomías, también tienen derecho a utilizar esas asignaciones que los contribuyentes pagan voluntariamente cuando hacen la declaración sobre la renta de las personas físicas. Creo que el sistema actual de pactar, de acordar, de entenderse y de actuar en la conferencia sectorial con lealtad institucional y respeto a las competencias de las comunidades autónomas es un sistema que ha funcionado bien,”