Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Justicia Social, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, apoyó este jueves la creación de la Mesa Estatal por una Convención de la ONU por los Derechos de las Personas Mayores, que fue presentada en la sede de Fundación ONCE en Madrid.

Durante el acto de presentación, que estuvo conducido por la periodista Rosa María Calaf, Poyato destacó el apoyo y el compromiso de su organización para reivindicar la creación de una Convención de la ONU que proteja los derechos de las personas mayores. “Es fundamental que la sociedad civil se muestre fuerte en la defensa de los derechos de la ciudadanía y, en este caso, de las personas mayores de España y del resto del mundo”, aseguró.

La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, integrada por 17 entidades españolas, es una iniciativa de HelpAge International pionera en Europa y ligada al movimiento Adultos Mayores Demandan Acción (ADA), presente ya en 57 países.

El envejecimiento poblacional es uno de los principales factores que respaldan la necesidad de una Convención de la ONU por los Derechos de las Personas Mayores. En España, según los datos aportados por HelpAge International, los mayores de 65 años representarán en 2030 el 24,6% de la población, con un crecimiento de hasta el 38,1% en 2050.

Para el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, la protección de los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión o sufren cualquier tipo de discriminación es “una gran prioridad”. En este sentido, Poyato afirmó que es necesario denunciar los abusos que se producen en contra de los derechos de las personas mayores, “tanto los que son visibles como otros que no lo son tanto”.

A su juicio, la Mesa Estatal servirá para dotar de mayor visibilidad al colectivo de personas mayores en España, además de evitar la discriminación por motivos de edad. “Es necesario darle la vuelta al discurso discriminatorio contra los mayores y poner en valor la experiencia de vida. Cumplir años no debería ser sinónimo de decadencia, ni de pérdida de dignidad, ni de privaciones económicas”, concluyó.