El fiscal de Delitos de Odio y la Plataforma Pacto de Convivencia aúnan su esfuerzo frente a la intolerancia delictiva
La Plataforma Pacto de Convivencia, compuesta por representantes de instituciones colegiales, universitarias, confesiones religiosas, ONG y otros colectivos de la sociedad civil, se ha reunido con el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación del Tribunal Supremo, Alfonso Aya, para reforzar las medidas que frenen el discurso de odio y las expresiones delictivas de la intolerancia.
La reunión, que se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, ha tenido como objetivo analizar en profundidad la situación y abordar la búsqueda de estrategias conjuntas que ayuden a prevenir este tipo de delitos. La sesión, convocada por el propio Pacto de Convivencia, forma parte de un plan de trabajo transversal para fortalecer la convivencia en España.
Durante la cita se han puesto sobre la mesa algunos casos que afectan de manera directa a colectivos representados en la plataforma Pacto de Convivencia y se ha manifestado la preocupación que existe por el auge de este tipo de discriminación en un escenario de polarización y crispación social.
En este sentido, han subrayado la importancia de apelar a la responsabilidad individual e institucional de la sociedad civil, que pasa por no producir mensajes de odio y/o que vulneren los derechos fundamentales de las personas; no difundirlos (con especial énfasis en el uso de las redes sociales como vía de trasmisión del odio); y no permitir que cale el discurso de odio como configurador del pensamiento y de las relaciones sociales.
A la cita han acudido representantes del Arzobispado de Madrid, del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, de la Comisión Islámica de España, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, de CRUE Universidades Españolas, de Diaconía España, de la Federación de Comunidades Judías de España, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, del Movimiento contra la Intolerancia, de la Plataforma del Tercer Sector y del propio Ilustre Colegio Abogados de Madrid.