Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la Ley del Tercer Sector, una petición que demandaban desde hace tiempo los colectivos y entidades sociales que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, la región castellanomanchega se convierte en la cuarta comunidad autónoma en disponer de una normativa propia sobre el tercer sector. En este territorio hay unas 5.200 entidades sociales que atienden a 400.000 personas de forma directa y a un millón de forma indirecta, con 6.400 personas contratadas. A su financiación se destinan unos 300 millones de euros anuales. 

La norma consta de una exposición de motivos, 13 artículos distribuidos en cuatro capítulos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Además, contiene novedades importantes como la creación de un inventario de entidades, el establecimiento de principios rectores y obligaciones y la creación de una Comisión para el Dialogo Civil. Además, contempla el Concierto Social como una fórmula para prestar servicios públicos.

Durante la sesión parlamentaria para el debate y aprobación de la Ley del Tercer Sector Social, la titular de Bienestar Social de al región, Aurelia Sánchez, ha manifestado que “esta Ley crea un sistema transparente, participado y colaborativo entre las entidades sociales y el sector público regional”. Además, ha dicho que la norma “es fruto del diálogo, del consenso y es una clara muestra del Gobierno del presidente Emiliano Garcia-Page de apoyar al Tercer Sector como colaborador imprescindible en la construcción de una región con más justicia e igualdad, que tenga presente la necesidad de generar estabilidad, seguridad y garantías jurídicas para nuestro tejido asociativo que siembra las redes de nuestra sociedad”.