La Plataforma del Tercer Sector ha pedido, en el marco de sus aportaciones al Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, el aumento en 200.000 de las personas receptoras de rentas mínimas autonómicas, para que lleguen a un total de 520.000 personas en España. La Plataforma estima que esta propuesta se podría sufragar con una dotación presupuestaria de 1.080 millones de euros.

En su propuesta la Plataforma se refiere a la necesidad de hacer compatible el sistema de rentas con empleos temporales o a tiempo parcial, a fin de que la combinación de ambas de manera complementaria facilite la reincorporación al mercado de trabajo. Además, solicita que no se contabilicen las pensiones de alimentos de los menores a cargo de familias monoparentales a la hora de calcular las ayudas.

Esta propuesta se fundamenta en que el sistema de protección de rentas presenta una baja y desigual intensidad protectora en España. Entre otros problemas, existe una concentración de buena parte del presupuesto en una Comunidad Autónoma y una distribución desigual de los restantes recursos entre las demás. Asimismo, las cuantías medias están por debajo del umbral de la pobreza y resultan insuficientes para mantener una vida digna en la mayoría de los territorios.

Además, el acceso al sistema resulta confuso y excluyente para muchas de las personas demandantes y los recursos dependientes de diferentes niveles de la administración estatal y de las autonómicas son incompatibles entre sí. También hay una incompatibilidad entre la mayoría de las prestaciones y tener un trabajo a tiempo parcial o temporal; y desde un punto de vista jurídico, existe una marcada heterogeneidad de enfoques y criterios en las 17 leyes autonómicas y con la normativa de la Seguridad Social.

Esta propuesta se enmarca en las aportaciones de la Plataforma del Tercer Sector al Plan Nacional de Reformas 2015, un documento que recoge las recomendaciones de la Unión Europea haciendo especial hincapié en la situación de extrema gravedad social por la que atraviesa el país y en la necesidad de poner en marcha medidas que consigan paliar la situación de los 13 millones de personas que viven en riesgo de exclusión.

En este documento la Plataforma insiste en la necesidad de puesta en marcha de un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que contemple medidas relativas al empleo, la vivienda, la educación, vivienda, sanidad, la pobreza infantil o la eficiencia energética, complementadas con una política de rentas mínimas que garantice una vida digna para todas las personas.

La ampliación de los preceptores de rentas mínimas se complementa con el decálogo de propuestas electorales elaborado por la Plataforma con motivo de las próximas elecciones autonómicas y locales, en el que solicita la aprobación por Ley autonómica, como derecho subjetivo, de una renta básica de inclusión (en aquellos lugares donde no exista con esa cualidad), con dotación suficiente y gestión eficiente, destinada a las personas en situación de exclusión social que permita mantener unas condiciones mínimas de participación, acceso a bienes básicos y desarrollo humano.

La Plataforma ya ha hecho llegar a los distintos grupos políticos sus propuestas ante las próximas elecciones autonómicas 2015 y en el marco de su agenda política está inmersa en una ronda de contactos con los principales líderes políticos para debatir con ellos sus planteamientos en materia social e inclusión.