La Plataforma del Tercer Sector de Canarias participa en la gestión de la crisis social que sobreviene a la sanitaria por motivos del COVID-19, y demanda que se puedan ir consensuando medidas para el futuro inmediato, así como la articulación de planes de actuación a medio y largo plazo que permitan la reconstrucción social desde una perspectiva centrada en las necesidades de todas las personas.

Las entidades siguen siendo operadoras de servicios esenciales, por lo que la claridad y agilidad en los protocolos de información, la interlocución y coordinación interadministrativa, la garantía de continuidad de los actuales proyectos y servicios de atención (articulando fórmulas flexibles adaptadas a la nueva situación y formulando un plan coordinado con las administraciones públicas para la desescalada para dar respuesta a las personas vulnerables), se hacen imprescindibles.

Para todo ello, sigue resultandonecesaria la dotación de equipos de protección adecuados y la realización de pruebas de diagnóstico para profesionales y personas usuarias, la urgencia de mantener y mejorar el servicio de reparto de alimentos, la adopción de medidas de reducción de la brecha digital y el impulso de servicios de atención psicológica específicos.

Sin lugar a dudas, para abordar esta reconstrucción y garantizar la sostenibilidad de los programas de actuación que atienden las necesidades de las personas más vulnerables, reclamamos mayor inversión y refuerzo presupuestario desde las Administraciones públicas.

Los resultados de algunas convocatorias de subvenciones, como la resolución provisional recientemente publicada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, ponen en evidencia, una vez más, las necesidades que se detectan por parte de las entidades. Tan sólo 95 entidades han resultado beneficiarias para ejecutar un total de 138 proyectos. Cerca de 500 proyectos de otras 107 entidades han quedado fuera de la concesión de estas subvenciones, proyectos que acompañan a numerosas personas, que pueden quedar en mayor situación de vulnerabilidad.

Esto lleva a plantear no sólo la revisión de las bases de esta convocatoria en concreto, que ha sido polémica desde su primera edición en 2019 y para lo que las entidades se siguen ofreciendo a trabajar en la elaboración de propuestas de mejora, sino también, de una forma más global, en la innovación y sostenibilidad futura.

En las últimas semanas, conscientes de la importancia de la experiencia, conocimiento y capacidad de gestión del tejido asociativo, se han mantenido diversas reuniones de coordinación entre las entidades sociales y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. En este sentido, se han articulado fórmulas de coordinación periódicas con las Direcciones Generales de Derechos Sociales e Inmigración y de Dependencia y Discapacidad para que, en las próximas semanas, esperemos poder ir resolviendo cuestiones concretas.

Como resultado de este esfuerzo de colaboración, la Plataforma del Tercer Sector de Canarias ha pasado a formar parte del Comité de Gestión Social que impulsa el Gobierno de Canarias, habiendo mantenido ya una primera reunión de toma de contacto. Entre los objetivos de dicho comité está participar en la elaboración del Pacto para la reactivación social y económica de Canarias, cuya versión final pretende presentarse y aprobarse a finales de este mes.

Desde la Plataforma ya se han transmitido sus primeras propuestas de mejoras al primer borrador del mismo, basadas principalmente en la necesidad de reforzar el papel protagonista del tercer sector como elemento transformador y capaz de aportar valor como agente impulsor de la economía social y la necesidad de incorporar al tercer sector en la mesa de diálogo social y en cuantos foros de seguimiento y participación se establezcan.