La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto la ausencia de respuesta institucional formal a la Propuesta de Resolución provisional del pasado 15 de noviembre sobre la Convocatoria de Subvención IRPF 2018 para la ejecución de programas en 2019.

 

Las subvenciones objeto de esta orden irían destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social para la atención de personas en situación de pobreza y exclusión social o en otras situaciones de especial vulnerabilidad. Todas ellas entrarían en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid y en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. A 8 de enero de 2019 no hay respuesta oficial que confirme la existencia o no de las subvenciones, ni su cuantía, lo que implicaría el incumplimiento del Art 36 de las bases de la convocatoria, que en su apartado 1 especifica ” El pago de las subvenciones concedidas se efectuará mediante anticipo a cuenta con carácter previo a la justificación y como financiación necesaria para poder llevar a cabo los propósitos y actividades inherentes a la subvención” añadiendo en su apartado 2” “Se anticipará el 100 por 100 del importe de la subvención concedida”.

 

Ante la situación planteada y dada la inminente finalización del año, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid envió el pasado día 3 a la Consejera de Políticas Sociales y Familia una carta, sin respuesta a día de hoy, en la que se alertaba de las graves consecuencias que la falta de resolución suponía tanto para los destinatarios de los proyectos que se ven doblemente en riesgo; como de las entidades sociales, a las que se les plantea tener que cubrir las necesidades de sus iniciativas sin contar con una financiación estable que dé continuidad.

 

Además, la Comunidad de Madrid también tiene pendiente la resolución de las Subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid. Esto implica que sean aún más las ONGs sin forma de hacer frente a los pagos que les generan los servicios de atención a personas que llevan a cabo, llegando en algunos casos al cierre de los centros y al despido de personal. En definitiva, la falta de liquidez de las entidades sociales que impide tener la certeza de continuidad en sus proyectos, potencia la vulnerabilidad con la que ya cuentan de partida los colectivos beneficiarios de estos servicios.