El Secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, a incluir el 95% de sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas, que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la grave situación social que está desencadenando el Covid-19.

Así lo ha explicado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, tras reunirse por segunda vez con Álvarez desde el inicio de la pandemia, con el objetivo de avanzar en la aprobación de los mecanismos necesarios para paliar los efectos del coronavirus en la población más vulnerable, teniendo en cuenta las necesidades y demandas reales de las entidades sociales y las personas a las que atienden.

Durante el encuentro, Poyato ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer un sistema estatal de rentas mínimas, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo. Además, ha defendido su prolongación en el tiempo, más allá de la emergencia social actual y que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para el desarrollo personal de sus integrantes.

En definitiva, ha subrayado, que sirva de instrumento fundamental para la inclusión y cohesión social en España y que se configure como un “auténtico derecho” con independencia del territorio en el que se viva.  “La crisis del Covid-19 hace inaplazable el reforzamiento de las redes de seguridad del Estado social para proteger a las personas que se encuentran en una situación de exclusión y pobreza. La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la crisis económica del 2008”, ha subrayado Poyato.

Así, el sistema que defiende el Tercer Sector de Acción Social tiene como objetivos eliminar la pobreza severa, reducir la pobreza infantil, asegurar una vivienda digna, promover la inclusión social e incorporar la discapacidad y la dependencia, ya que son los colectivos con una mayor exposición a la exclusión.

Demandas pendientes

Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales también se ha comprometido a aprobar una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, ya que actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc) y también a poner en marcha a la mayor brevedad posible la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.

Desde el Tercer Sector se ha insistido de nuevo en algunas de las demandas pendientes como, por ejemplo, la creación urgente de un Grupo Operativo, entre la propia PTS y el Gobierno, con el objetivo de tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia. En este sentido, han pedido una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para que, dada la situación de emergencia, el Tercer Sector tenga un canal de comunicación de máxima representación.

Por último, se ha insistido en llevar a cabo una gestión “extraordinaria y excepcional” de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia, que pueda realizarse a través de subvenciones nominativas y no tenga que esperar a un Real Decreto que lleva congelado más de un año.