La Plataforma del Tercer Sector, que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha presentado al secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, y a todos los grupos parlamentarios más de una decena de propuestas para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están sobre la mesa en el Congreso de los Diputados sean de verdad “más sociales”.

Así lo ha explicado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha subrayado que la pandemia de la COVID-19 ya ha demostrado la crueldad con la que ha impactado en el conjunto de la sociedad, pero, especialmente en los grupos más vulnerables. “Día a día vemos como la atención de las entidades sociales no deja de aumentar y necesitamos compromiso político y cogobernanza para poder dar respuesta a la misma”, ha manifestado Poyato.

En este sentido, ha recordado que el Tercer Sector es uno de los agentes destacados en la producción del bienestar social en España y ha reivindicado su papel en el progreso social y económico del país. “En todas las crisis, y también en la que nos ocupa, la labor de las entidades sociales es enorme y fundamental para la continuidad y el bienestar de la sociedad. Además, nuestro trabajo a pie de calle permite tener un conocimiento profundo del alcance real de los problemas generados por la pandemia”, ha subrayado.

14 Enmiendas

En concreto el documento que se ha presentado recoge 14 propuestas de enmiendas en materia de política fiscal, políticas de no regresión, no discriminación, modernización y digitalización, cooperación internacional y sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social. Los diferentes partidos políticos tendrán de plazo hasta este martes para poder presentarlas.

En materia de política fiscal está la necesidad de que el IRPF contemple bonificaciones y reducciones para familias monomarentales u otros tipos, así como la revisión del IVA aplicable a materiales de protección frente a la COVID-19 o a determinados productos de higiene femenina y de cuidados, que en la actualidad genera una desigualdad de género. Además, en este punto, se apuesta por la aplicación de tipos reducidos de IVA en los suministros básicos en hogares monomarentales y/o vulnerables.

Con respecto a las políticas de no regresión, el documento detalla las propuestas para poner en marcha medidas de apoyo y refuerzo educativo necesarias y adaptadas para evitar el fracaso escolar y para mantener la prestación por hijo a cargo, al menos para los niños que estén fuera del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Relacionado con esto, en el apartado de políticas de no discrimación se contempla que el IMV cuente con asistencia social de emergencia en casos de suspensión del ingreso por imposición de sanciones.

También en este punto se incluye la implementación de los diferentes programas y proyectos dirigidos a luchar contra todas las formas de discriminación y la posibilidad de ampliar el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la seguridad social en los casos en los que las mujeres hayan tenido un solo hijo biológico o adoptado, ya que actualmente, solo se reconoce el complemento de pensión en caso de haber tenido dos o más hijos.

Sostenibilidad del Tercer Sector

Con respecto a las políticas de modernización y digitalización se presenta una posible enmienda para conseguir la transformación tecnológica de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y en cuanto a las políticas de cooperación internacional se pone sobre la mesa la propuesta de aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 900 millones para que alcance los 3.500 millones de euros en 2021 y así situar a España en la media de los países de la Unión Europea.

Por último, el documento recoge tres enmiendas relacionadas con la sostenibilidad del Tercer Sector que detallan la creación de un Fondo Extraordinario de Rescate del Tercer Sector de Acción Social, dotado con 1.000 millones de euros; la necesidad de establecer un suelo de 120 millones de euros que sirva como compensación ante la previsible caída de recaudación en el 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades; y la asignación de una partida dentro de los PGE que financie las estructuras de las organizaciones de ámbito estatal de acción social, tal y como dicta la Ley del Tercer Sector de Acción Social aprobada hace ya cinco años.