La Plataforma del Tercer Sector, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF celebraron hoy en Madrid una rueda de prensa conjunta en que calificaron de “buena noticia” la decisión del Tribunal Supremo con respecto al recurso presentado en contra del RD 536/2013, que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social.

A pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las CCAA, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país, dados los efectos aún notables de la crisis económica, social y ambiental y la difícil situación en que nos encontramos, al estar viviendo el Gobierno en funciones más largo de la historia de la democracia española.

El Tribunal Supremo ha estimado en su sentencia que el decreto “no incluye en sus materias la asistencia social”, sino que “las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar”, tales como actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, celebró la decisión del Tribunal tras “más de una década dependiendo de presupuestos anuales en ocasiones sin estabilidad”, que han mantenido al Tercer Sector “en una amenaza continua”. Las necesidades de las personas, afirmó, “no pueden depender de conflictos políticos ni jurídicos, sino de una política de consenso que haga que el sufrimiento sea cada vez menor”, en un momento, además “en que los indicadores de pobreza y exclusión son los peores de la historia de nuestra democracia”.

Por ello, añadió, estamos “convencidos de que debe existir un consenso sobre cómo actuar o prevenir esta situación”,  y que permita “la realización de actividades de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social”

Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidentede incidencia política e impulso normativo de la Plataforma del Tercer Sector, explicó por su parte que la sentencia “desestima todas y cada una de las objeciones presentadas por la parte recurrente”, y afirma que el sistema actual de distribución de subvenciones es “plenamente conforme a derecho”. Según Pérez Bueno, “no hay dudas ya para la estabilidad y continuidad del modelo”, por lo que “el gobierno puede y debe convocar ya las subvenciones del presente año”.

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector se mostró satisfecho por la permanencia de “un instrumento válido, valioso y útil que mira a las necesidades reales por encima de los conflictos competenciales”.

Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife,destacó por su parte que se trata de “un día de celebración” por una sentencia “que supone ganar una batalla muy importante, aunque no la guerra, para que la justicia ambiental y social y la solidaridad global sean una realidad”. Ruiz se refirió a la labor de los ecologistas, que no defienden “animales y plantas” sino que trabajan por “mucho más, defendiendo calidad de vida y asegurando el futuro de las siguientes generaciones”, ya que el mayor expolio que puede vivir una sociedad es el expolio de sus recursos naturales”.

La representante de las ONG ambientales afirmó que “reconocemos los derechos competencial, pero se deben salvaguardar unos mínimos que garanticen la equidad ambiental, social y de solidaridad global en todo el Estado”.

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de ONG para el desarrollo (CONGDE), señaló que la sentencia del Tribunal supone “un primer paso”, que refleja “la fuerza de la unión” del sector, que “despeja el camino para conseguir alcanzar un modelo estable y sostenible de financiación del sector”. Las organizaciones del Tercer Sector, afirmó, “tenemos el derecho de existir”, y por ello debemos “conseguir un marco jurídico y de recursos asegurados que permita prever el fortalecimiento de nuestras acciones y organizaciones”. Ruiz-Giménez afirmó que las entidades de cooperación al desarrollo “llegan a 35 millones de personas a través de la acción en más de 100 países”, por lo que seguirán trabajando para “pedir más” al futuro Gobierno, y conseguir “que este primer paso no quede ahí”.  

Las entidades, que estuvieron apoyadas por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), representan a miles de organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo, medioambiente y la acción social, y que, en el marco de estas ayudas, gestionan casi 300 millones de euros para proyectos finalistas (ayudas directas a personas), que benefician anualmente a seis millones de personas.